La institución foral propone que el Ejecutivo autonómico asuma, desde su organismo de empleo, el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas cuidadoras de familiares en el entorno, ya que el Estado dejará de hacerlo a partir del 1 de setiembre y Diputación «no tiene capacidad para ello».

En un comunicado, el diputado de Política Social, Ander Rodríguez, señaló que asistirá hoy a la reunión del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, donde el Gobierno de Gasteiz y las tres diputaciones tratarán los recortes en la Ley de Dependencia aprobados por el Consejo de Ministros la pasada semana.

En el citado encuentro, el responsable foral subrayará que «Gipuzkoa está dispuesta a blindar las prestaciones y servicios de atención a la dependencia cubriendo los recortes de Madrid con los presupuestos de la Diputación», al tiempo que defenderá la propuesta para la implicación de Lakua, que remitió ayer la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.

Rodríguez se mostró «comprometido» con el mantenimiento del sistema actual y con la no aplicación de las rebajas del 15%, a pesar de que supondrá «un enorme esfuerzo» para las arcas forales. Sin embargo, advirtió de que «se necesita del compromiso de todas las administraciones vascas para garantizar la financiación del sistema». Por ello, reclamó al Ejecutivo de Patxi López que «se implique económicamente y ayude a la Diputación a hacer frente a los recortes».

En esa línea, recordó que uno de los principales problemas es que, desde el 1 de setiembre, el Gobierno del PP suspenderá la cotización a la Seguridad Social a las personas cuidadoras que no desempeñan otro trabajo remunerado, con lo cual, «tendrían que ser ellas mismas las que se hagan cargo de este pago, que asciende a alrededor de 140 euros mensuales».

Desarrollo de la ley de la CAV

Por su parte, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, anunció que pedirá hoy a las diputaciones que no apliquen los recortes. En la CAV, la capacidad normativa sobre dependencia reside en el Gobierno autonómico, pero son las diputaciones las encargadas de ejecutar y dotar presupuestariamente las ayudas destinadas a este fin. Las diputaciones mantienen distintos criterios entorno a la reforma contemplada por el Gobierno español. Mientras que Araba, gobernada por el PP, ha anunciado que la acatará, Bizkaia y Gipuzkoa, con PNV y Bildu, han dicho que no.

Por ello, previsiblemente, este órgano, el que también están los ayuntamientos, no logrará acordar una postura común y compartida entre todas las instituciones implicadas. En un comunicado, el Departamento que dirige Zabaleta señaló que propondrá que las diputaciones sigan la «hoja de ruta» marcada por el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales del País Vasco, que incorpora los servicios dirigidos a la dependencia suprimidos con la reforma.

Esta ley ampara la cartera de prestaciones a la que tienen derecho los ciudadanos de la CAV, el decreto de ayuda a domicilio y el del copago -un decreto que recoge la parte que deben pagar los ciudadanos que reciben determinados servicios-.