«¡No pasarán!», advirtió Sabino Cuadra desde el estrado del Congreso español, en referencia al hachazo social aprobado ayer en Madrid. Lo repitió Xabier Mikel Errekondo, ya fuera del hemiciclo. En ese mismo instante se procedía a la votación. Junto a la coalición abertzale, el grupo Izquierda Plural (IU, ICV y CHA), ERC, BNG y Compromis abandonaron sus escaños para «no participar» en el mayor recorte de derechos sociales conocido en la historia reciente del Estado español. Un gesto que no gustó a la bancada del PP, que abroncó a los diputados del mismo modo que había hecho previamente durante el discurso de Cuadra.

Al partido que sustenta el Gobierno español le bastó su holgada mayoría absoluta para sacar adelante unas medidas que ya estaban en vigor desde el pasado sábado, después de que fueran impuestas mediante decreto-ley. Aunque, en esta ocasión, el PP se quedó solo. Únicamente UPN se abstuvo, mientras que el resto (PSOE, CiU, PNV, UPyD, Foro Asturias, Coalición Canaria y Geroa Bai) votaron en contra. En la votación del otro decretazo, el relacionado con la liquidez de las administraciones públicas, el Ejecutivo sí que obtuvo el apoyo de UPN y la abstención de CiU, PNV, UPyD y CC. El presidente español, Mariano Rajoy, ni siquiera apareció en todo el debate y únicamente accedió al Congreso pasadas las 13.30 horas, cuando solo faltaba una hora para pulsar el botón.

«No vamos a ser cómplices de este ataque brutal contra los trabajadores», resumió Errekondo, quien instó a la movilización contra los recortes, realizando una mención expresa a la huelga general convocada por la mayoría sindical vasca para el próximo 26 de setiembre. En la misma línea, Cayo Lara (IU) y el resto de portavoces que abandonaron el hemiciclo llamaron a salir a las calles como respuesta.

No hubo aplausos

Al contrario de lo que ocurrió hace una semana, cuando la bancada del PP jaleó con aplausos las medidas de recorte enumeradas por Rajoy, en esta ocasión los miembros de la derecha española optaron por la prudencia. Impusieron los recortes, que ascienden a los 65.000 millones de euros, pero no los celebraron. Una actitud más en consonancia con la «inevitabilidad» que trató de vender desde la tribuna el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

«No hay dinero para pagar los servicios públicos», aseveró el titular de Hacienda, que añadió que «hay que prescindir de aquello de lo que podemos, no todo cabe en la oferta de servicios públicos». En contraste con la opacidad mostrada por el Ejecutivo desde que llegó a Moncloa, Montoro abogó retóricamente por «hablar claro». Y recurrió, nuevamente, al discurso de la «herencia recibida», lo que motivó el ya tradicional rifi-rafe con el portavoz del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Dirigiéndose a los funcionarios, Montoro rebatió que «trabajar más» revierta en la calidad de los servicios, al tiempo que negaba que se haya eliminado una paga. Lo que ocurre, según el ministro, es que se ha producido un «retraimiento de la paga de diciembre que queda postergada a su inclusión en el fondo de pensiones».

En el interior de un Congreso fuertemente blindado por decenas de agentes antidisturbios (casi una treintena de sus furgonetas amanecieron con las ruedas pinchadas en el interior de una comisaría), el resto de grupos opuestos al recorte también afearon al Gobierno su decretazo. En el caso del PSOE, Rubalcaba lanzó el enésimo guante apelando a la colaboración. Una actitud similar a la de CiU, habitual apoyo del PP pero que censuró la falta de diálogo. Por parte del PNV, Aitor Esteban vaticinó más recesión.

El resto cuestionó una pérdida de derechos que también fue reivindicada por las miles de personas que se manifestaron por la tarde en Madrid.