El juez Paolo Borsellino, símbolo de la lucha contra la mafia y contrario a un canje entre esta y el Estado, murió el 19 de julio de 1992 en la explosión de un coche cargado con cien kilos de explosivos. Dos meses antes, habían matado al también magistrado Giovanni Falcone. Dos décadas después, su muerte sigue rodeada de incógnitas que pueden llegar a salpicar al presidente de la república, Giorgio Napolitano. Aunque el caso se cerró en tan solo tres meses con la confesión y condena de los presuntos responsables, en octubre de 2011, la Fiscalía de Caltanisetta lo reabrió y excarceló a siete de los condenados después de que un miembro de la mafia admitiera que tales confesiones fueron un montaje.

El fiscal Sergio Lari adelantó ayer al canal de noticias Skytg 24 que, próximamente, se podrá pedir el enjuiciamiento de once personas bajo la acusación de participar en el atentado. Varios magistrados y la familia de Borsellino mantienen desde hace años que murió porque se oponía a las negociaciones entre el Estado y la Cosa Nostra.

«Paolo fue asesinado porque se metió en medio para evitar las negociaciones, que entonces solo eran rumores, pero que ahora se está comprobando que eran ciertas. Nunca habría aceptado una cosa de ese tipo y la habría denunciado a la opinión pública, por lo que era indispensable eliminarle», manifestó su hermano, Salvatore Borsellino.

En unas conversaciones grabadas por la Policía recientemente, quien fuera ministro de Interior entre 1992 y 1994, Nicola Mancino, solicitaba a Napolitano ayuda para rebajar la presión de los fiscales. El presidente, que ha pedido que no se otorgue validez a estas escuchas, resaltó ayer que «no hay razón de Estado que pueda justificar retrasos para aclarar los hechos».