El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusó el miércoles a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de ser las verdaderas promotoras del desalojo de militares en la zona del Cauca (Suroeste), región donde en los últimos días se han intensificado los combates entre la insurgencia y el Ejército y los enfrentamientos entre soldados e indígenas.

En el consejo de seguridad celebrado en Popayán, Santos reveló un supuesto correo electrónico de las FARC en el que se imparten instrucciones para promover que la población del norte de Cauca exija el retiro de las Fuerzas Armadas de la zona.

Según explicó, el email se encontró en el ordenador de Edgar López Gómez, alias Pacho Chino, comandante de las FARC, incautado en mayo.

«Sin acusar a los indígenas de estar confabulados con las FARC, hay elementos donde conocemos que hay vínculos directos» entre ellos, aseguró Santos.

No obstante, los gobernadores indígenas del norte del Cauca y el Gobierno llegaron el miércoles a un principio de acuerdo para acabar con los enfrentamientos entre la Guardia Indígena de la región, a quien compete la seguridad en sus tierras ancestrales, según la Constitución, y las Fuerzas Armadas.

En el encuentro se estableció el inicio de una ruta de diálogo para determinar entre las partes un acuerdo de no agresión. Uno de los puntos en consenso es no intentar volver a tomar el control del cerro Berlín, donde el Ejército tiene una base militar, y que es un lugar sagrado para los indígenas nasa.

Ayer, el Gobierno colombiano y los indígenas retomaron el diálogo.

Guerrilleros detenidos

La comunidad indígena nasa retuvo el miércoles en las montañas de Toribío a cuatro supuestos guerrilleros de las FARC, en el marco de sus acciones de protesta para sacar de sus territorios ancestrales a todos los actores del conflicto armado que azota el país desde hace décadas.

Los gobernadores de los 19 resguardos de los nasas, con el apoyo de una comisión de «sabios tradicionales» comenzaron ayer a juzgar públicamente a los detenidos, la jurisdicción especial indígena contemplada en la Constitución colombiana.