El Ministerio de Interior se aferra al «secreto oficial» para no ofrecer datos sobre los supuestos ficheros ilegales en los que Policía española y Guardia Civil almacenarían información no reglada sobre ciudadanas y ciudadanos vascos. Eso se concluye de la respuesta ofrecida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a varias de las preguntas planteadas por Iker Urbina, diputado de Amaiur, que se interesó por la existencia de estos archivos después de la denuncia realizada por la Unión de Guardias Civiles. Esta asociación alertó a mediados de mayo de que el instituto armado elaboraba fichas ilegales en controles en los que se exigía registrar la identidad de los ciudadanos, el recorrido que estaban realizando o su número de teléfono móvil.

«El Acuerdo de Consejo de Ministros sobre clasificación de determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales reconoce la clasificación de secreto a `la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones 0 datos puedan relevarlas'», argumenta la respuesta de Interior, fechada a 12 de julio. Es por esto que, según se asegura en el escrito, no se puede facilitar la información solicitada, ya que se encuentra bajo la protección de la Ley de Secretos Oficiales.

Esta respuesta se refiere a las cuatro últimas interrogantes planteadas por Urbina en su batería de preguntas. En concreto, a la cuestión sobre si existen ficheros sobre personas que no hayan sido nunca detenidas y se archive sus datos únicamente por sospechas; el número de ciudadanos vascos sobre los que se tienen datos almacenados en los diferentes sistemas; cuántos de ellos están fichados por su origen, y cuántos por su presunta vinculación con «actividades terroristas».

Contradicciones

Ninguna de estas preguntas ha obtenido contestación. Lo que sí asegura Interior es que los datos recabados en los controles se almacenan de acuerdo con lo estipulado en la ley. Y que ninguno de los ficheros policiales conocidos en el Estado español (PERPOL, SISPE e INTPOL), así como el sistema SIGO de la Guardia Civil, contienen información «sobre la estructura interna y los integrantes de partidos políticos». El Ejecutivo asegura que solo se plantean excepciones cuando existe relación con algún hecho delictivo. Una afirmación que se contradice con las diferentes noticias publicadas a mediados del pasado año en las que se afirmaba que Policía y Guardia Civil manejaban un censo con cerca de 50.000 candidatos a los que denominaban «contaminados» por haberse presentado en listas abertzales de izquierda.

La respuesta de Interior sigue en consonancia con lo ya expresado a finales de mayo por el presidente español, Mariano Rajoy, quien negó la existencia de dichos ficheros ante una pregunta oral formulada por Amaiur. «No se están haciendo controles indiscriminados», aseveró entonces el jefe del Ejecutivo, quien llegó a acusar a los propios guardias civiles que presentaron la denuncia de realizar «afirmaciones falsas» y de no aportar prueba alguna.

Rajoy pretendía así rebatir la denuncia formulada por la Unión de Guardias Civiles, que alertó de que los mandos de los cuarteles de Iruñea y Beriain han instado a almacenar toda la información posible de los controles para elaborar archivos fuera del control legislativo.