Igor San José explicó a GARA que «en repetidas ocasiones hemos denunciado y demostrado durante mucho tiempo la falta de medidas de seguridad, la no aplicación del convenio provincial de la Construcción y las malas condiciones laborales a las que están sometidos los trabajadores en las obras del tren de alta velocidad (TAV)». De hecho, en diciembre del 2011 ELA «denunció y demostró públicamente» la existencia de jornadas «abusivas e ilegales justo en el lugar donde desgraciadamente se produjo el último accidente mortal, el sexto, en las obras del tren de alta velocidad».

San José censuró que en unas obras que promueve el Gobierno de Gasteiz, a través de Euskal Trenbide Sarea (ETS), se den «las condiciones infrahumanas que se están produciendo». Acusa a al Ejecutivo de Patxi López de «preferir mirar hacia otro lado cuando prevalece el interés del negocio del TAV sobre las condiciones legales y las vidas de los trabajadores».

ELA presentó esta semana la nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo de Gipuzkoa, pero remarcó que «nos parece lamentable el pasotismo de la Inspección de Trabajo que, teniendo conocimiento y pruebas al respecto, no mueve ningún dedo. Está en plena connivencia con la piratería y la explotación laboral que se produce en las obras». Confirma que se siguen produciendo «jornadas abusivas, ritmos exagerados de trabajo y la no aplicación del convenio». Para Igor San José supone «una quiebra inaceptable de la legalidad vigente y fomenta la insoportable siniestralidad laboral que se viene padeciendo en las obras del TAV».

Además considera que cuando «se hace la vista gorda en este tema» se está apoyando a las empresas que «hacen competencia desleal en la Construcción, sobre todo de Gipuzkoa». Porque al final esta obra de gran magnitud está produciendo un «dumping social y laboral», porque no acepta las condiciones del convenio y, en cambio, las demás empresas lo hacen, «quedando en inferioridad de condiciones», dijo.

Es por ello que el representante de ELA denuncia que «ETS siga siendo tan sospechosamente tolerante hacia casos como estos, en vez de proteger el empleo de calidad como un bien que acaba redundando en la creación de empleo y no en empresas `piratas' con bandera de conveniencia».