Durante los últimos meses, se suceden las informaciones referentes a las diversas operaciones estratégicas puestas en marcha por parte de distintas entidades financieras y destinadas a la adquisición de cuotas de participación significativas en medios de comunicación españoles de primer nivel, tanto autodenominados de izquierdas como de derechas.

Estas noticias son, más que preocupantes, desesperantes. Que esto esté sucediendo en el momento de mayor gravedad -hasta ahora- de la crisis financiera, en el que el peso de la opinión pública y de los grupos políticos puede ser esencial para que las estrategias políticas se enfoquen en una u otra dirección, y después de cinco años de plazo para haber verificado más que sobradamente la responsabilidad e implicación del sector financiero en todo lo que está sucediendo, todo esto nos revela hasta qué punto llega la incapacidad de las sociedades occidentales para hacer frente a los retos que las amenazan.

Nos encontramos en la finalización del quinto año de la crisis financiera que estalló en julio de 2007. Aunque será necesario volver sobre ello, ya hemos analizado repetidamente los orígenes de esta crisis, fundamentalmente basados en déficits estructurales evidentes en las políticas monetarias y bancarias de los países occidentales.

Es significativo que, a pesar de los repetidos cuestionamientos doctrinales y políticos del marco regulatorio generador de esta crisis, el debate social y político continúa radicalmente condicionado por un permanente esfuerzo por olvidar este origen y centrar el análisis en las políticas sociales y presupuestarias.

Este hecho tiene mucho que ver con la sumisión, cuando no la dependencia, de la generalidad de los grupos políticos y medios de comunicación con respecto al sector financiero.

Para que nadie se llame a engaño, es necesario recordar que esta sumisión o dependencia afecta tanto a medios de comunicación autodenominados conservadores como a otros autodenominados de izquierdas. Todos ellos han aprendido a gestionar sus políticas editoriales «con prudencia», evitando en todo caso molestar excesivamente al sector financiero.

Esta realidad, que podía tener mayor o menor trascendencia en otros tiempos, llega a extremos casi esperpénticos en esta crisis, en la que es prácticamente imposible analizar en serio las razones de lo sucedido -y, sobre todo, las políticas públicas a proponer para que nuestros países salgan adelante- sin una clara valoración de lo que las políticas monetarias y bancarias han supuesto y deben suponer cara al futuro.

El problema es que la generalidad de los medios de comunicación están imposibilitados de hecho para analizar con objetividad esta realidad.

No hace falta subrayar la gravedad de esta situación en un momento en el que es imprescindible que la sociedad -la opinión pública- disponga de la información adecuada y sea así capaz de posicionarse correctamente frente al reto de la crisis.

En este contexto, no es de sorprender que nuestros medios de comunicación, a la hora de desarrollar su respectivo posicionamiento en la batalla entre unos y otros grupos políticos ante la crisis, minimicen de forma sorprendente y casi infantil la importancia que las medidas de reestructuración del sector financiero deberían tener cara a la salida de la crisis.

Que, en este momento, las entidades financieras den varios pasos adelante en el reforzamiento de su control de los medios de comunicación de izquierdas y de derechas es ciertamente alarmante. Pero no debe llevarnos a pensar que este problema afecta sólo a los medios de comunicación con participación accionarial de entidades financieras y que los medios sin participaciones significativas -también hay algunos- sean realmente independientes frente al sector financiero.

Desgraciadamente, la participación accionarial es sólo uno de los instrumentos de control de los medios de comunicación por parte de las entidades financieras. Probablemente no el más importante. El otorgamiento de créditos -y las oportunas condonaciones-, la publicidad y, en algunos casos, las subvenciones/donaciones tienen un papel también esencial.

Por supuesto, ningún medio de comunicación es capaz de apoyar medidas políticas que molesten al sector financiero si las entidades financieras tienen un peso cualificado en su Consejo de Administración, pero tampoco si una semana después este medio de comunicación está esperando renegociar un crédito, o si la publicidad de las entidades financieras supone una cuota significativa de sus ingresos.

Esta es la realidad del panorama informativo de nuestro entorno. Es, por lo menos, esencial, que -dentro de lo posible- los ciudadanos sean conscientes de esta realidad y puedan al menos cuestionar o replantearse hasta dónde llega la seriedad de los análisis, debates y propuestas planteados por los medios de comunicación.

Ya hace tiempo que resultó evidente que esta crisis, en su origen y en las posibles salidas, era, sobre todo, una crisis política cuyo origen está esencialmente relacionado con la excesiva influencia social y política del sector financiero. Hace ya tiempo que debían haberse adoptado al respecto las medidas necesarias para defender nuestras democracias. Entre ellas, la más evidente, una estricta prohibición de que las entidades financieras adquieran participaciones en los medios de comunicación. Y un riguroso control del otorgamiento de créditos y de los recursos publicitarios.

La necesidad de adoptar estas medidas en el conjunto de los países occidentales era casi una evidencia y lo es aún más hoy en día. Si las decisiones políticas necesarias para hacerlas efectivas no se han adoptado y si ni siquiera se ha abierto al respecto el imprescindible debate social, ello se debe a que, desgraciadamente, la excesiva influencia del sector financiero no afecta sólo a los medios de comunicación. Afecta también, y muy directamente, a los grupos políticos.