Desde el punto de vista político, no le está resultando fácil al Gobierno español asumir el nuevo escenario, en particular, a su ministro de Interior. Desde que accedió al cargo, una de sus máximas ha sido sembrar dudas sobre el compromiso adoptado por ETA el 20 de octubre y, de forma paralela, poner obstáculos al proceso de soluciones abierto en este país. En este último cometido insiste todavía, pero la realidad es tozuda y no le ha quedado más remedio que admitir la irreversibilidad del cese de las acciones armadas por parte de la organización vasca y lo improbable de que se produzcan escisiones en su seno.

Realmente, era insostenible defender lo contrario, después de haber adoptado medidas como la significativa reducción de escoltas a cargos públicos, jueces y fiscales, una decisión que como admite ahora el propio Jorge Fernández Díaz, no hubieran tomado si no estuvieran convencidos del cese definitivo de ETA. Sin embargo, asumir la realidad no significa aceptarla ni actuar de acuerdo con ella. Es evidente que el nuevo tiempo no le agrada ni al Gobierno ni al propio ministro, quien se enroca en su posición más agresiva e intransigente, por ejemplo, cuando insiste en amenazar con nuevas ilegalizaciones, o al defender el carácter vengativo de la dispersión, aludiendo a las víctimas al ser preguntado sobre si aun en este contexto tiene sentido. Con todo, las declaraciones que mejor reflejan hasta qué punto el Ejecutivo se siente desbordado por el nuevo escenario son aquellas en las que afirma que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina 197/2006 hace «un flaco favor a los derechos humanos». Que el titular de Interior español diga eso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es elocuente.

Desde que desalojó del poder al PSOE, el PP ha intentado asentar artificialmente un relato que le permitiera aferrarse al pasado, ese al que este pueblo ha dicho adiós para empezar a construir un nuevo futuro. El tiempo y la determinación de la sociedad vasca acabarán por derrumbar el castillo de naipes en el que Madrid insiste en mantener cautivo a Euskal Herria.