El PNV, el PSE y el PP coquetean con su «modelo Euskadi» como si esa gestión a la que aluden fuera algo espléndido, cuando ni siquiera es extraordinario. En estas líneas explico cómo en materia urbanística, Euskadi sigue la senda ineficiente, capitalista y voraz que se ha seguido en el estado español. Lo grave es que pretenden seguir por ese camino y que quieren hacerlo con un método silencioso, como si los resultados de su «modelo Euskadi» no fueran tan escandalosos como para que la ciudadanía se percate.a

El último ejemplo sucedía con el proyecto que ambicionaba la gestora de Ondarroa encabezada por el PNV, que pretendía construir 480 viviendas en la marisma de Aieri, en el municipio costero vizcaíno. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón a una demanda interpuesta por Aralar, y así se evita que dicha marisma ubicada en el LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de la ría de Artibai quede afectada de por vida.

La triste realidad es que no debería de ser necesario acudir a los tribunales para defender el patrimonio natural, aunque ejemplos como éste digan lo contrario. Por desgracia, en este país el medio ambiente no es más que un obstáculo que superar a la hora de desarrollar los proyectos diseñados de antemano. Así, lo que bautizan como «variable ambiental» se reduce a un puñado de medidas correctoras que nadie vigila si son cumplidas o no. Son un puro trámite que se repite en cada proyecto, sean los macroproyectos como el TAV o el puerto exterior de Pasaia; sean las decenas de proyectos de urbanizaciones en zonas sensibles, las canteras en parques naturales, etc. El medio ambiente no es un patrimonio a preservar para futuras generaciones, sino un obstáculo a la hora de seguir buscando la rentabilidad económica privada, en un modelo de crecimiento sin límites.

Me indigna escuchar algo de lo que algunos fanfarronean: «aquí no se han cometido excesos como en otros lugares del estado». Normalmente, ese hecho diferencial lo saca a relucir, con orgullo, el PNV, el mismo partido que gobernando en cientos de municipios ha impulsado un modelo de desarrollo urbanístico expansivo, que ha llevado la trama urbana hasta los límites de muchos municipios.

Uno de esos ejemplos es lo ocurrido en Durango, pueblo donde soy concejal. Con 1.500 viviendas vacías, según datos oficiales, sigue habiendo 1100 personas apuntadas en Etxebide; y el PNV sigue apostando por el modelo expansivo y por la propiedad privada. Esos datos extrapolados a la CAPV, nos dan, según los datos del 2009, 74.289 viviendas vacías (29.511 serían de temporada) y 101.645 personas demandando vivienda en Etxebide. Los datos evidencian que el modelo del PNV, en el gobierno de Lakua durante lustros y en muchos ayuntamientos, en vez de asegurar el acceso a una vivienda, ha sido el gran negocio de especuladores con la complicidad de los bancos y las administraciones.

Creo que a estas alturas no es necesario explicar que esas políticas, son la base de la crisis financiera en la que hoy en día nos encontramos.

Pero parece que no cambian de modelo; o peor aún, parece que aunque intuyan el problema no desean cambiar, porque siguen presionados por los lobbys del cemento y la construcción. De hecho, creo que el problema es más profundo: ellos mismos pertenecen a esos grupos de interés y poder. Y para actuar, tienen la connivencia de aquellos que siempre han añorado constituir esos grupos de poder, la mayoría del PSE y del PP.

En caso contrario, sería imposible comprender que, este mismo mes de junio, de tapadillo y sin mucho ruido, el PNV, el PSE y el PP, hayan aprobado inicialmente en el Parlamento Vasco la modificación de la ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo de la CAPV. Una modificación que, tal y como reza la exposición de motivos, pretende «incentivar el sector inmobiliario económico». Para ello, incluye la disminución de la cesión de edificabilidad urbanística ponderada y la flexibilización de la reserva de suelo para los estándares de vivienda de protección oficial. Es decir, quieren seguir dándose de bruces contra lo que hizo brotar la crisis, y aplicar la máxima neoliberal de que una menor intervención de la administración en las políticas de suelo, estimula la acción urbanística privada. Más promoción privada; menos pública. Esta jugada la hacen en el año 2012, donde solo hay que mirar al estado español para ver que legislaciones mucho menos «intervencionistas» han provocado una debacle, social, medioambiental y ahora también financiera. ¿Quién diseña la política urbanística de estos partidos?

En Aralar esperamos que varapalos como el de Aieri y sobre todo, la situación actual de crisis del ladrillo y del suelo, les haga recapacitar. Y tras desechar la modificación que ahora proponen, se acerquen a posiciones como las de Aralar y otras formaciones, que reivindicamos prescindir inmediatamente de cualquier clasificación adicional del suelo para transformar el suelo rural en suelo urbanizado, y reorientar todo el desarrollo urbanístico en la regeneración y rehabilitación de las degradadas y generalmente olvidadas tramas urbanas existentes. Si así sucede, creeré que estoy soñando. Mientras no me pellizquen, sigo soñando que es posible que entren en razón.