El Gobierno de Lakua intenta ganar tiempo antes de empezar a cobrar por los medicamentos a toda la ciudadanía. El Tribunal Constitucional ha decidido, a instancias del Gobierno español, suspender cautelarmente el decreto autonómico que permitía mantener el sistema actual en la CAV, y esto obliga a Osakidetza a aplicar las medidas ordenadas por el Ejecutivo de Rajoy. El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, anunció ayer que acatan la sentencia -aunque la creen injusta- pero que necesitan unas semanas para poner en marcha el nuevo sistema.

De momento, el consejero anunció en rueda de prensa que «durante el mes de agosto los usuarios de la Sanidad vasca van a poder retirar sus recentas en las mismas condiciones que ahora». Y este plazo podría alargarse hasta el mes de octubre, a tenor de otros comentarios realizados por el propio Bengoa.

Según el Gobierno autonómico, la decisión del Tribunal Constitucional ha coincidido con los planes ya establecidos para la puesta en marcha de la receta electrónica y es preciso hacer bien el proceso de adaptación para evitar «un coste administrativo muy alto e inconvenientes para el paciente».

Plazos sin concretar

El consejero de Sanidad explicó que el Ejecutivo presentará sus alegaciones y espera que, en el plazo de cinco meses del que dispone para ello, el Tribunal Constitucional reconsidere la suspensión del decreto de Lakua, aunque no falle todavía sobre el fondo del asunto. En una nota recuerda que no será la primera vez que el TC levanta una suspensión; lo hizo la semana pasada con Andalucía.

Se entiende que la decisión de acatar la decisión pero anunciar que se tardará un tiempo en poder poner en marcha el repago de los medicamentos pretende poder llegar a un nuevo pronunciamiento del TC sin haber puesto en práctica el cobro de los medicamentos. Por otro lado, también cabe recordar que los indicios apuntan a la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas para otoño.

Compensaciones

El Departamento de Sanidad anunció también que, en caso de que el Tribunal Constitucional no levante la suspensión «en el periodo máximo de cinco meses», «el Gobierno utilizará competencias propias para compensar a los sectores más afectados por este copago injusto». Puntualiza que «descarta el cobro retroactivo de cantidad alguna», puesto que no es su voluntad y «además resultaría materialmente imposible». En el mismo sentido, Lakua se compromete a seguir reembolsando las cantidades de más que los usuarios con tarjeta de Osakidetza paguen fuera de la CAV.

En cuanto a la asistencia sanitaria de personas inmigrantes que se encuentren enfermas, Sanidad asegura que seguirá prestándola porque «tenemos la convicción moral de que debemos hacerlo y también el respaldo legal necesario». Precisa que «aunque no podamos emitirles una tarjeta sanitaria del SNS, la población que ha tenido asistencia sanitaria cubierta hasta ahora y los que cumplen los criterios del Decreto 114/2012 seguirán siendo atendidos como hasta ahora».