La ONU denunció ayer que la respuesta de las fuerzas de seguridad birmanas a los enfrentamientos ocurridos a finales de mayo y principios de junio entre budistas y musulmanes en la provincia de Rakhine, al oeste de Myanmar, se ha convertido en una campaña contra la comunidad musulmana, cuyos derechos básicos no son reconocidos por el Gobierno. El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, afirmó que han recibido información sobre «respuestas discriminatorias y arbitrarias de las fuerzas de seguridad e incluso instigación y participación de estas en la violencia».

Resaltó que los enfrentamientos en los que murieron 78 personas pusieron de manifiesto «la discriminación permanente y sistemática contra la comunidad musulmana rohingya, cuyos miembros no son reconocidos por el Estado».

Unos 800.000 musulmanes de esta etnia viven en Myanmar, la mayoría en Rakhine y las autoridades mantienen que proceden de Bangladesh.

El Gobierno bangladesí tampoco reconoce a esta comunidad apátrida y unos 300.000 rohingyas viven hacinados en campos de refugiados.