El Ministerio del Interior pondrá en marcha en el último trimestre del año el plan de privatización de parte del servicio de seguridad en 21 prisiones, unas tareas que asumirán vigilantes privados, entre ellos algunos escoltas que han dejado de proteger en Euskal Herria a personas amenazadas por ETA.

Según explicaron a Efe fuentes de Interior, los vigilantes privados sustituirán a un número significativo de efectivos de la Guardia Civil en trabajos «auxiliares» como la vigilancia del perímetro exterior de estos 21 centros penitenciarios o el control de las cámaras de seguridad.

En ningún caso, añaden las mismas fuentes, estos refuerzos -cuyo número exacto está todavía por determinar- se destinarán a la seguridad y vigilancia de los reclusos ni a las labores propias de los funcionarios de prisiones o guardias civiles.

Además, el mando del servicio de vigilancia de los centros penitenciarios seguirá a cargo de agentes del instituto armado.

El ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz ha ofrecido esta vigilancia auxiliar en las prisiones a alrededor de 400 escoltas privados contratados en Euskal Herria y que desde el pasado mes de marzo se quedaron sin trabajo tras la puesta en marcha de una drástica restricción de los servicios de protección.

En total el Ministerio de Interior redujo en un 55% el número de escoltas privados en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, al pasar de 789 a 364 los escoltas dependientes del Gobierno español, cuyas labores se centran en la actualidad en la Comunidad Foral. En la CAV, también el Departamento de Interior ha ido gestionando una progresiva reducción de los escoltas privados, cuyos servicios han quedado reducidos a una octava parte de los que tuvieron en su día.

«Primer paso»

La privatización de estas labores de vigilancia en las cárceles, que ofrece una salida laboral a escoltas en paro, ha suscitado sin embargo las quejas de aquellos que se ven sustituidos. Para los sindicatos de los funcionarios de prisiones CSIF, CCOO y UGT, los planes de Interior suponen el primer paso para privatizar en un futuro toda la seguridad de las prisiones, tanto exterior como interior.

Por esta razón, el pasado 18 de julio representantes de estos sindicatos se reunieron en el Congreso con diputados del PSOE e IU a quienes mostraron su rechazo a la intención del Gobierno que, en su opinión, no conseguirá ni abaratar costes ni mejorar la calidad de los centros penitenciarios.

A la Guardia Civil, sus mandos les han transmitido que la sustitución será paulatina y no traumática para los afectados.