El Ejecutivo español impone un techo de deuda
Madrid dice que «no hay hueco para la insumisión autonómica»
El Gobierno del PP se revuelve ante el plante de Catalunya y Andalucía, que argumenta que para cumplir el techo de deuda tendría que cerrar diecinueve hospitales públicos y la mitad de los colegios. Barcina quiere negociar el límite fijado, pero la oposición le insta a rechazarlo también
GARA | MADRID
El límite de deuda del 15,1% para el conjunto de comunidades autonómicas impuesto por el Gobierno español supondría el cierre de diecinueve hospitales públicos, de la mitad de los colegios y el despido de 60.000 empleados públicos en Andalucía, según manifestó ayer su presidente, José Antonio Griñán.
La medida, que solo fue avalada por las comunidades gobernadas por el PP en la reunión del martes, será recurrida por la Junta andaluza ante el Constitucional al considerar que es «un ataque generalizado contra la Educación y Sanidad pública». El techo de deuda impuesto le supondría 2.700 millones de euros menos, con lo que ve «imposible» confeccionar el presupuesto de 2013.
Catalunya, que atribuye el impago en julio de los conciertos y subvenciones a las entidades que prestan servicios sociales a la política económica del Gobierno español, también consideró injusto el trato dispensado por el ministro español de Economía, Cristóbal Montoro. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluis Recoder, definió como «fuera de lugar» la reacción de Montoro ante el plante del consejero de Economía catalán al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Criticó que se intente confundir a la opinión pública afirmando que el Ejecutivo catalán «no quiere cumplir con sus obligaciones».
«El Gobierno español no nos puede dar ningún tipo de lección sobre lo que es hacer esfuerzos para reducir el déficit», aseveró Recoder.
Por otro lado, el PSOE, que dirige el Gobierno andaluz, considera que el Ejecutivo español otorga mayor margen a quienes superan el objetivo estatal de déficit, gobernadas en su mayoría por el PP.
Su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró la reunión del CPFF es la demostración del «yo me lo guiso, yo me lo como» del Gobierno de Rajoy, una vía del «ordeno y mando» que le instó a abandonar. Desde el PP, su portavoz en el Senado, José Manuel Barreiro, transmitió al PSOE que «ha llegado el momento de que todas las comunidades autónomas se aprieten el cinturón, como se lo estamos pidiendo a todos los españoles».
En la misma línea, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló que «en su mayor parte las autonomías entienden que ya no se puede gastar al mismo ritmo que tenían antes de la crisis» y dirigió un mensaje a las «rebeldes»: «Y si hay algunas, como es el caso del Gobierno de Canarias o el Gobierno de Andalucía, que consideran que sí, nosotros, el Gobierno de la nación, tenemos la obligación de decirles que el ajuste también va con esas comunidades».
Más tajante fue la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, quien zanjó que «una cosa es la postura política ante los medios y otra que tengan posibilidad alguna de llevar a adelante esa insumisión».
Declaró que «no hay hueco para la insumisión» y apeló al compromiso «asumido» por el Estado español ante Bruselas.
«España tiene una necesidad mayúscula de país que pasa por hacer frente a la situación y hacer lo que se tiene que hacer», subrayó.
Bienvenida de Bruselas
El techo de deuda impuesto a las comunidades autonómicas fue considerado por Bruselas como «un paso bienvenido»
El portavoz comunitario Antoine Colombani no quiso entrar a valorar el portazo de Andalucía y Catalunya, al consi- derar que «es España en su conjunto quien tiene que cumplir con los objetivos pactados con la Unión Europea».
«No voy a comentar la posición de regiones concretas, lo que importa es que España en su conjunto cumpla con sus compromisos, en el contexto del procedimiento de déficit excesivo», manifestó en rueda de prensa. Se centró en valorar de forma positiva el déficit del 1,5% y un techo de gasto global del 15,1% respecto del PIB al que obliga el Gobierno de Rajoy a las comunidades autonómicas para este año. Para el próximo ejercicio el límite de la deuda se fija en el 16%; en el 15,9% para 2014; y en el 15,5% para 2015.
Recordó, además, que Bruselas espera «en los próximos días» el proyecto de presupuesto para 2013-14 que el Ejecutivo español tenía que haber presentado antes de finales de julio.
El presidente del BCE, Mario Draghi, desvelará hoy los pasos a dar por la entidad para afrontar la crisis. Alemania advirtió de que los mercados podrían estar «sobreestimando» la capacidad de acción del Banco Central Europeo.
Berlín insiste en su rechazo a la licencia bancaria para el fondo permanente de rescate, por la que apuestan estados como el español para atajar sus problemas de deuda. «La licencia para el Mecanismo Europeo de Estabilidad no puede ser el camino», dijo.
El Tesoro Público español quiere colocar hoy entre 2.000 y 3.000 millones de euros en bonos y obligaciones. Esta subasta es una de las citas clave de la semana para disipar o no las dudas de la solvencia de la economía.
La presidenta del Gobierno de Nafarroa, Yolanda Barcina, no está obviamente entre las «rebeldes» por su afinidad con el PP, pero sí considera que el límite de deuda impuesto por el Estado es demasiado ajustado en lo que respecta a su comunidad, en la que ha habido una escalada imparable de la deuda en los últimos cuatro años. Así, Barcina avanza que «vamos a analizar y negociar las cifras».
Preguntada por el desenlace de la reunión de Madrid, la dirigente de UPN se quejó de que «la cifra que nos corresponde a Navarra está muy cercana a la media, a diferencia de lo que sucede en Madrid, que es muy inferior, o en Cataluña que es muy superior». El Gobierno estatal ha planteado a Nafarroa un límite de endeudamiento del 14,77 por ciento del PIB para 2012 y del 15,5 por ciento para 2013.
Barcina apuesta por una negociación propia, dado que «gracias a nuestro régimen foral y a nuestro autogobierno tenemos la capacidad de negociar estas cifras con el Gobierno de España, y es lo que vamos a hacer». En las últimas semanas, las penurias financieras del herrialde ya han derivado en varias operaciones dudosas. El Estado perdonó a Nafarroa los 1.700 millones que correspondían al IVA de Volkswagen cobrado indebidamente, lo que hubiera supuesto sin duda la quiebra de la Hacienda foral, y por su parte el Gobierno de UPN mantiene intacta la cantidad adelantada a Madrid para financiar las obras del TAV y anteayer anunció otra operación similar con el Canal de Navarra.
Por contra, tras la sesión de la Mesa y Junta del Parlamento celebrada ayer los portavoces de NaBai, Bildu e I-E comparecieron cada uno por su cuenta para exigir a Barcina que se plante también ante las exigencias estatales. Para Patxi Zabaleta, «es tremendamente injusto» que de nuevo se vayan a cargar recortes sobre los sectores más desfavorecidos. Bakartxo Ruiz incidió en que UPN solo tiene que dedicarse a atender las necesidades de la población navarra y debe abandonar la «sumisión ante Madrid». Y José Miguel Nuin consideró que «estamos asistiendo a una colosal estafa».
Por otro lado, ayer mismo el Gobierno navarro aprobó un proyecto de ley con el que asegura que tapa uno de los flancos abiertos: la financiación de las entidades locales. Es pronto aún para saber cuál es su acogida. De paso, insistió en la voluntad de reducir el actual mapa local.
La situación es menos acuciante para el Gobierno de Lakua. En su visita ayer a Loiola en representación del Ejecutivo de Patxi López, la consejera Isabel Celaá insistió en que su Gobierno no se plantea hacer recortes en educación, sanidad ni políticas sociales. «No es lo mismo la política de Merkel que la de Hollande, ni es lo mismo la de Rajoy que el modelo Euskadi del lehendakari López», indicó.
También hizo hincapié Celaá en que Lakua apuesta por la relación bilateral con el Estado y que por tanto no limitará sus relaciones con Madrid al marco común del Consejo de Política Fiscal y Financiera. GARA
La intensa ofensiva diplomática que está desplegando el Gobierno español para convencer a sus socios sobre su futuro económico tiene hoy una cita clave a las 14.00 en La Moncloa. A esa hora se iniciará el almuerzo de trabajo que mantendrán Mariano Rajoy y su homólogo italiano, Mario Monti, quien también protagoniza una maratoniana ronda de contactos con líderes de la Unión Europea.
Los presidentes de los estados no intervenidos más atenazados por la crisis de la deuda buscan que las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo del pasado junio se apliquen lo antes posible.
Monti llega a Madrid procedente de Finlandia, donde ayer se reunió con su homólogo, Jyrki Katainen. Defendieron que para superar la crisis se requiere de «una combinación de medidas en unos momentos en los que la economía de mercado no está funcionando correctamente».
«Una vez que los países han hecho los deberes, esas medidas debían tener un efecto inmediato sobre la prima de riesgo, lo que no está ocurriendo», señaló Katainen.
En este contexto, Monti puso como ejemplo Italia, que «está haciendo grandes reformas», como el aumento de la jubilación a los 66 años y la flexibilización de las condiciones laborales, ante las que los mercados «no están reaccionando».
El presidente italiano, que inició el martes su gira con un encuentro con Françoise Hollande, aseguró que «Italia no necesita ninguna ayuda financiera para equilibrar su situación financiera», pero sí apoyo para que «los mercados tomen en cuenta las reformas». GARA
La tasa Tobin, el impuesto que grava un 0,2% algunas operaciones de compraventa de títulos de grandes capitalizaciones bursátiles, entró ayer en vigor en el Estado francés, que espera recaudar hasta 400 millones de euros hasta final de año.
