HRW acusa a Myanmar de amparar «atrocidades» contra los rohingya
Human Rights Watch (HRW) acusó al Gobierno birmano de cometer «atrocidades» contra la minoría rohingya, de confesión musulmana, durante los enfrentamientos de junio en el estado de Rakhine, en los que murieron 77 personas y 5.000 viviendas fueron incendiadas.
GARA | RANGÚN
El director para Asia de HRW, Brad Adams, denunció la «persecución y discriminación» que sufren los rohingya y su falta de protección por parte del Gobierno birmano, a quien acusó de amparar actos de violencia contra esta minoría musulmana, una de las más marginadas a nivel mundial. El pasado junio, la muerte y violación de una mujer de confesión budista a manos supuestamente de un grupo de musulmanes desató la violencia entre amabas comunidades en el estado de Rakhine (antigua Arakan), en el oeste de Myanmar, causando 77 muertos y cerca de 100.000 desplazados, en su mayoría rohingyas que cruzaron en embarcaciones de madera al vecino Bangladesh, donde tampoco gozan de reconocimiento oficial. El ministro de Exteriores, Thein Htay, informó que los enfrentamientos dejaron, además, 109 heridos y casi 5.000 viviendas incendiadas.
«El Gobierno afirma que se ha comprometido a poner fin a los conflictos étnicos en el país, pero los recientes hechos demuestran que aún persisten la persecución y la discriminación promovidas por el Estado», aseguró Adams. Según el informe de HRW, basado en 57 entrevistas a miembros de las comunidades rakhine y rohingya, las fuerzas gubernamentales permanecieron «impasibles» mientras observaban los actos de violencia de unos y otros.
HRW instó al Gobierno a tomar medidas urgentes para poner fin al abuso de las autoridades tras «una campaña de redadas y violencia masiva contra los rohingya» y a levantar las restricciones de acceso a la zona.
Criticó también que la falta de implicación de la comunidad internacional, «cegada por la narrativa romántica de un cambio radical en Myanmar».
La Ley de Ciudadanía de 1982 de Myanmar niega la ciudadanía a la población rohingya, que se estima entre 800.000 y un millón de personas.
El presidente Thein Sein afirmó en junio que el Gobierno solo se hace responsable de la tercera generación de los rohingya, cuyas familias llegaron antes de la independencia en 1948 y que no aceptarán a aquellos que «entraron ilegalmente».
Emplazó a la Agencia para los Refugiados de la ONU a que se haga cargo de los mismos en campamentos o los «realoje» en terceros países.
El director para Asia del Centro para el Diálogo Humanitario, Michael Vatikiotis, subrayó que los enfrentamientos de junio entre la etnia rakhine y los rohingya no son un hecho aislado y que afectan a toda la región. No obstante, resaltó que «es muy difícil hacer una valoración objetiva» de lo sucedido por «la falta de acceso a la región».
