El Congreso de Honduras avaló ayer el decreto emitido el martes por el presidente, Porfirio Lobo, por el que ordena el «desarme general» en el departamento de Colón (norte) a fin de frenar la ola de violencia en la región de Bajo Aguán, donde al menos 78 personas han muerto en los últimos tres años a causa de un conflicto de tierras entre campesinos y terratenientes, que cuentan con guardias privadas y con el apoyo de las fuerzas de seguridad.

El decreto de Lobo prohíbe el porte de armas a todas las personas que vivan en Colón, en un nuevo intento por atajar la crisis generada por las ocupaciones de tierras por parte de los campesinos que las reclaman como suyas y piden al Estado que se las entregue, tal y como acordó.

El texto dice que «se suspenden los permisos de porte de armas en el departamento de Colón» y ordena a la Policía y las Fuerzas Armadas proceder a su incautación.

Lobo dijo que con su decreto pretende «combatir el terrorismo, el tráfico de armas y el crimen organizado» en la región y «reforzar el combate a la violencia y a la delincuencia en todo el territorio nacional».

Las víctimas son trabajadores y vigilantes, pero también niños y jóvenes, según la prensa local.