Como era de esperar, el rescate al Estado español traerá consigo nuevas medidas de recorte para contentar a Bruselas. Tal y como recoge el plan presupuestario bienal 2013-2014 remitido el pasado día 3 a la Comisión Europea, los jubilados serán los próximos en padecer los nuevos tijeretazos del Gobierno Rajoy.

Aunque no precisa cómo lo hará, el plan recoge que se endurecerán las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y la jubilación parcial. También pretende adelantar la entrada en vigor de los principales parámetros del sistema -la edad legal de jubilación, el período de computo o el sistema de revalorización- ahora previsto para 2027.

Actualmente, el gasto en pensiones es la principal partida del presupuesto español. En concreto, este año será de uno 120.000 millones de euros, en torno al 25% de todo el gasto y más del 10% del PIB.

En el futuro, dicho porcentaje crecerá. Solo las prestaciones contributivas supondrán a mediados de este siglo en torno al 15% del PIB. Según diversos estudios, esta evolución será consecuencia de la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom de la década de los 60 del siglo pasado. Para reducir el gasto en esta partida, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya acometió en 2010 una reforma que causó un gran revuelo entre los pensionistas, elevando la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años.

«Inoportuna e injusta»

Cabe recordar que entonces, desde la oposición, el PP votó en contra de la reforma del sistema de pensiones (solo CIU votó a favor y el PNV se abstuvo) por considerarla «inoportuna, desorientada, imprecisa e incoherente». Criticó además que el Gobierno pretendía modificar «de emergencia y con prisas» una norma tan importante. En aquel momento, el partido liderado por Mariano Rajoy opinaba que endurecer el sistema de protección social lo convertiría en un sistema «más injusto».

Apenas un año después, Rajoy daba comienzo a una carrera en la que se han acometido recortes en la mayoría de partidas presupuestarias. Muestra de ello son los recortes en Sanidad y Educación, la subida del IVA o la reforma laboral, entre otras.

Ahora, a expensas de las exigencias de Bruselas a cambio de las ayudas financieras, el Gobierno del PP viene con nuevas reformas bajo el brazo, con las que busca un ajuste de unos 102.000 millones de euros hasta 2014.

Es en este punto donde Rajoy pretende restringir las condiciones de acceso a la jubilación con el fin de conseguir que los trabajadores españoles se jubilen más tarde y la consiguiente reducción del gasto que ello supondrá para las cuentas del Gobierno.

La edad efectiva de jubilación en el Estado español está en torno a dos por debajo de la edad legal. Cuando Rodríguez Zapatero aplicó su reforma, los trabajadores se jubilaban a los 63,5 años de media frente a la edad legal de 65.

Según el plan presupuestario presentado a Bruselas, Rajoy tiene como objetivo estrechar más ese margen y elevar «la edad efectiva de jubilación para que se aproxime lo más posible a la edad legal».

Para ello, el Ejecutivo asegura a las autoridades europeas que introducirá «una modificación de la jubilación anticipada de modo que facilite la sostenibilidad del sistema de pensiones, operando, según se acuerde en el seno del Pacto de Toledo, sobre factores tales como los coeficientes reductores por anticipo de la edad de jubilación o la edad de acceso a la jubilación anticipada, entre otros». Pero no explica cómo lo hará.

También pretende eliminar la excepción que recogía la reforma anterior y según la cual en situaciones de crisis empresarial o despidos colectivos podía fijarse el retiro anticipado en los 61 años, frente a los 63 que fijaba la reforma. Nuevos ajustes que dificultan el relevo generacional y, por tanto, no apuntan a reactivar el empleo.