Los estudiantes chilenos volverán a salir mañana a la calle en un nuevo paro nacional para exigir una reforma en profundidad del sistema educativo pese a los desalojos de los institutos y a las amenazas del alcalde de Santiago de Chile de retirar las becas y cancelar las matrículas a aquellos estudiantes que participen en las protestas y en la ocupación de centros educativos, desalojados a la fuerza por los Carabineros. Hasta el momento, más un centenar de personas han sido detenidas.

«Queremos dejar bien claro que aquí los estudiantes secundarios hemos iniciado un nuevo estallido social, un nuevo estallido que marcará este mes», afirmó Eloísa González, portavoz de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios.

Sus principales exigencias son una educación pública, gratuita y administrada en el nivel básico y secundario por el Gobierno y no por los municipios, como ocurre ahora.

«Todos nosotros queremos estudiar, pero ¿bajo qué condiciones? Son paupérrimas. Esto se trata de demandas históricas», resaltó González. Recordó que hace cuatro meses entregaron al Gobierno un documentos con sus demandas y que, hasta el momento, no han recibido ninguna respuesta.

Entretanto, se suceden las denuncias por violencia policial, que incluye agresiones de carácter sexual. «Hemos recibido varias denuncias en los últimos desalojos de desnudez forzada y tocamientos. Tenemos casos judicializados de golpes en la vagina», remarcó Patricia Rada, abogada de la Corporación Humanas, adscrita al Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. Advirtió de que «este patrón de conducta hacia las mujeres estudiantes es cada vez más frecuente».

Ante estas denuncias, la Federación de Estudiantes de la Universidad, organizaciones de defensa de los derechos humanos y un grupo de diputados pedirán una comisión de investigación.

«Son los carabineros los que cometen los delitos, son los municipios los que piden los desalojos forzosos, son los directores de los establecimientos los que amparan este tipo de situaciones y, por supuesto, nuestro querido Ministerio de Interior. La violación de derechos es bastante sistemática», destacó la diputada Cristina Girardi.