CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA PENITENCIARIA
El TC se resiste aún a aplicar el fallo europeo contra la «doctrina Parot»
La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional español decidió ayer, tras una deliberación muy breve, denegar la excarcelación de dieciséis presos víctimas de la «doctrina Parot» y cuyos recursos están pendientes. En el fallo, el TC admite que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado esta práctica, pero argumenta que todavía no es firme porque habrá recurso. Así, Madrid vuelve a negar a Inés del Río la libertad que Estrasburgo sí le admitió.
GARA | DONOSTIA
La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional (TC) rechazó ayer excarcelar a dieciséis presos vascos a los que se les aplicó la llamada «doctrina Parot», al entender que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que amparó a la reclusa Inés del Río aún no tiene «carácter definitivo». La resolución del tribunal en realidad corresponde a una cuestión previa: la solicitud de dichos presos para ser puestos en libertad mientras se resuelven estos recursos.
Estos dieciséis presos pidieron al TC que se revisara su situación a raíz de la citada sentencia del TEDH, que consideró «irregular» la aplicación de la «doctrina Parot» en el caso de la tafallarra Del Río, según informaron ayer fuentes del Constitucional. Precisaron también que el pronunciamiento sobre los recursos queda pendiente.
La Sala de Vacaciones -integrada por el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala; el vicepresidente, Ramón Rodríguez Arribas; y el magistrado Pablo Pérez-Tremps- adoptó esta decisión tras una reunión de una hora y alegando que esa sentencia está aún pendiente de ser recurrida ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.
Los letrados de Inés del Río ya manifestaron en su día que ese recurso tiene «muy poco recorrido» y que la sentencia del TEDH deja «herida de muerte» la doctrina 197/2006.
En 16 providencias, la sala «acuerda no modificar la denegación de suspensión adoptada en el presente incidente. La circunstancia sobrevenida alegada carece de relevancia suficiente por no tener la sentencia del TEDH carácter definitivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.2 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales».
Las presas y presos a los que afecta esta decisión son Iñaki Orotegi, Inma Pacho, Maitane Sagastume, Raúl Ibáñez, Iñigo Akaiturri, Iñaki Erro, Bautista Barandalla (en prisión atenuada en casa por enfermedad), José Angel Biguri, Gotzone López de Luzuriaga, Iñaki Fernández de Larrinoa, Juan Mari Gabirondo, Nicolás Francisco, Kepa Solana, Itziar Martínez, Jokin Sancho y Javier Martínez.
El Gobierno del PP recurrirá en setiembre ante la Gran Sala del TEDH la sentencia del pasado 10 de julio, en la que aseguró que mantener en prisión a Inés del Río por una revisión de la duración de la pena es «irregular». Además de pedir su excarcelación, fijó una indemnización de 30.000 euros por daños morales para la presa vasca.
Un nuevo atropello
Para la portavoz de la izquierda abertzale Maribi Ugarteburu ha quedado en evidencia que el Estado español «moldea la legalidad según sus intereses políticos» y que la decisión del Constitucional «no es más que un desesperado intento de ganar tiempo».
Herrira calificó esta nueva decisión como «un nuevo escándalo jurídico, un atropello de los derechos humanos y la enésima muestra del desprecio del Ejecutivo español a las ansias de paz de la sociedad vasca».
No hay novedades sobre el caso de Iosu Uribetxebarria, después de que el lunes la Fiscalía anunciara su intención de demorar los trámites para la decisión sobre su excarcelación diez o quince días.
El preso cumplió a medianoche dos semanas de ayuno y está muy débil. Así las cosas, Euskal Herria Bildu compareció en Donostia para acusar al Gobierno del PP de estar incurriendo en un «absoluto despropósito» desde el punto de vista legal, humanitario y político.
Xabi Lasa (Aralar) y Maiorga Ramírez (EA) recordaron que el preso arrasatearra tenía que estar en la calle hace tiempo «con la ley en la mano» y consideraron «absolutamente inaceptable e incomprensible» que el proceso se dilate ahora aludiendo a razones que son de carácter administrativo.
También acusaron al Estado español de «falta de valentía» y de «querer usar este tema para desviar la atención de otros», como la crisis económica. R.S.
