Lo que está ocurriendo con las protestas estudiantiles en Chile, con un movimiento de protesta que lleva meses en la calle y que las autoridades no han podido parar, ha traspasado ya el marco específico de las reivindicaciones educativas para pasar a ser un cuestionamiento sistémico. Unas movilizaciones continuadas, que elevan las críticas a un sistema social que consagra una división cada vez más pronunciada entre lo público y lo privado, con un perfil de propuesta tan marcado o más que el meramente reactivo. De hecho, la exigencia de una educación pública, gratuita, autónoma, democrática y pluralista -las cinco reivindicaciones que ayer volvieron a reclamar con insistencia los estudiantes de secundaria en las calles de Santiago- tiene una lógica redistributiva que no es políticamente aséptica, sino todo lo contrario.

En la entrevista que hoy publica GARA con Patricia Rada, abogada de la Corporación chilena Humanas, esta establece un vínculo entre la dictadura de Pinochet y la violencia actual. Sus palabras reflejan una percepción simbólica que hunde raíces en la sicología colectiva, y también un sentir ciudadano muy amplio que no solamente reclama medidas contra una educación «mala y socialmente segregacionista». Se dirige asimismo contra las carencias que se han venido arrastrando durante décadas, tanto en la dictadura pinochetista como en el mandato del actual presidente Sebastián Piñera -en la cota más baja de aceptación desde la restauración democrática-, y que la población ya no tolera más. Una contestación radical que ha irrumpido con fuerza en la vía pública, a la que no se puede responder con detenciones masivas y el gas de los Carabineros.

La Constitución chilena de 1980 todavía impide una participación de la sociedad en los asuntos públicos de relevancia. Confrontar con la élite dominante y disentir contra los intereses de los grupos hegemónicos que la diseñaron se paga duro en Chile. Estas movilizaciones son parte de la lucha para derribar ese legado.