La concertación del Gobierno de Nafarroa con dos centros segregados por sexos, ambos del Opus Dei, asciende a más de nueve millones de euros anuales, y según el Ejecutivo navarro, la dos sentencias del Tribunal Supremo contrarias a las subvenciones públicas a esos centros no afectan a esa concertación. Pero todo tiene su explicación, incluso «científica», si bien en modo alguno convincente. La justificación de la subvención a esos centros es su motivación «pedagógica», lo que, tratándose de centros del Opus Dei, cuya base pedagógica se reduce a los deseos de su fundador, resulta cuando menos preocupante. También el ministro español de Educación, José Ignacio Wert, se mostraba recientemente favorable a los centros que separan a los alumnos en función del sexo, y el PP pretende reformar la Ley Orgánica de Educación, que prohíbe la discriminación por cualquier causa. Defienden así un modelo educativo basado en valores herederos de una tradición contraria al avance hacia una sociedad más justa, basada en el respeto y la igualdad. Para ello, ese modelo de educación no parece el más adecuado, y subvencionarlo con dinero público es sencillamente indadmisible.