El Gobierno español abre la puerta a liquidar entidades financieras inviables
El Gobierno español abrirá la puerta a liquidar entidades inviables, pero al mismo tiempo permitirá que las instituciones que puedan volver a ser rentables y hayan recibido ayudas tengan hasta siete años para devolverlas, según se recoge en el borrador de la reforma financiera.
GARA | MADRID
Aunque en un primer momento estaba previsto que el Consejo de Ministros aprobase hoy el real decreto ley de reestructuración y resolución ordenada de entidades de crédito, todo parece indicar que finalmente será el próximo viernes cuando se le dé el visto bueno. Con este aplazamiento, el Gobierno español pretende adaptar el Memorando de Entendimiento pactado con la UE y cerrar la reestructuración financiera, teniendo en cuenta que hoy mismo una misión de expertos de la Comisión Europea estará en Madrid para tratar sobre el marco legal del llamado «banco malo».
Este instrumento, que servirá para transferir los activos tóxicos vinculados al ladrillo de las entidades que han recibido ayudas, es una de las condiciones pactadas a cambio del rescate de hasta 100.000 millones de euros que aprobó el Eurogrupo el pasado 20 de julio para recapitalizar a las entidades españolas que lo requieran. El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, dijo ayer que el Banco de España controlará «la futura participación de los bancos españoles en el sector inmobiliario».
La reforma que prepara el Gobierno permitirá asimismo al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) liquidar entidades no viables, si bien al mismo tiempo permitirá que las instituciones que puedan volver a ser rentables y hayan recibido ayudas, como el caso de Bankia, tengan hasta siete años para devolverlas.
Se considerará inviable una entidad financiera si es «razonablemente previsible que en un futuro próximo» vaya a incumplir de forma significativa los requisitos de solvencia, que sus pasivos superen a sus activos, o que no será capaz de cumplir con sus obligaciones exigibles.
Preferentes
La reforma incluye además una solución para los tenedores de participaciones preferentes o subordinadas de las entidades que han recibido ayudas públicas o han sido intervenidas, aunque los inversores tendrán que asumir una quita, ya que el canje se hará teniendo en cuenta su valor de mercado.
Así, los particulares que compraron participaciones preferentes y deuda subordinada a Novagalicia Banco, Bankia, Banco de Valencia y Catalunya Caixa tendrán que aceptar obligatoriamente las nuevas condiciones de esos productos y solo podrán recurrir a la Audiencia Nacional por las pérdidas.
La nueva reforma introduce también algunos cambios que afectan a reformas anteriores, como la limitación del sueldo máximo de los banqueros de entidades que hayan recibido ayudas a 500.000 euros.
Este cambio supone un paso más en la limitación de sueldos que entró en vigor hace apenas dos semanas, y que ya rebajaba el sueldo máximo de estos profesionales a 600.000 euros.
Además, con la nueva reforma, el Gobierno obligará a las entidades a elevar antes de finalizar el año su nivel de solvencia al 9%. Esta cifra es superior a la que fijó el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que estableció los requisitos de capital en el 8% para las entidades que no requieran ayuda pública y en el 10% para el resto.
La Comisión Europea recordó ayer que el Gobierno español tiene de plazo hasta finales de agosto para aprobar la estructura normativa del «banco malo», que servirá para transferir los activos tóxicos vinculados al ladrillo de las entidades que han recibido ayudas.
El Consejo de Ministros aprobará hoy la prórroga por seis meses del plan Prepara que incluye la ayuda de 400 euros para los desempleados que hayan agotado las prestaciones y elevará su cuantía a 450 euros a quienes, además, tengan a tres familiares a su cargo.
También se aprobará hoy el Anteproyecto de Ley de Medidas para la Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler, por el que los inquilinos que se retrasen en el pago de la renta de alquiler podrán ser desahuciados en un plazo de diez días si no presentan alegaciones ante el juez.
El sindicato ELA denunció la «estafa» que va a suponer la creación del denominado «banco malo» porque significará trasladar al sector público la responsabilidad del «estropicio» llevado a cabo por el sector financiero en el sector inmobiliario, lo que generará «nuevos recortes sociales».
Su secretario general, Adolfo Muñoz, criticó así en una nota la constitución de este «banco malo» que, según dijo, «todo el mundo» da por descontado que será público, «ya que ningún interés privado se va a meter en esa ruinosa operación».
«Es un instrumento para que el Estado se haga cargo de la diferencia entre el valor que tienen asignado esos activos en los balances de los bancos (muy inflado) y el que resulte de una hipotética venta. De esa manera, el Estado se haría responsable de las pérdidas de la banca», advirtió.
Asimismo, censuró que aunque se están tomando decisiones «durísimas», no se perciben «actos políticos de rebeldía que estén a la altura de la gravedad de la situación». Por ello, reiteró la importancia de la huelga del 26 de setiembre. GARA
