La Comisión Europea y Rumanía saludaron ayer, con matices, la decisión adoptada el miércoles por el Gobierno francés de suavizar su presión sobre la comunidad gitana con la modificación de las medidas transitorias que limitan el acceso al mercado laboral a rumanos y búlgaros, aunque no renuncia a las expulsiones y al desmantelamiento de sus campamentos, dos de las medidas más polémicas que han aplicado por igual el derechista Nicolas Sarkozy y su sucesor, el sociademócrata Fran- çois Hollande.

Bruselas señaló, no obstante, que espera que el Gobierno francés levante «lo antes posible» las restricciones laborales que todavía aplica a rumanos y búlgaros que residen allí después de que París anunciara ayer su intención de suprimir la tasa que las empresas deben pagar por contratarles y de ampliar los sectores abiertos a este tipo de contratación.

Bruselas también considera «un paso en la buena dirección» la intención de París de poner en marcha las «ciudades de integración» contempladas en la estrategia del Gobierno francés para facilitar la integración de los gitanos que también prevé poner en marcha en poblaciones como Lille y Lyon.

Bucarest estimó que la decisión adoptada por el Gobierno de Hollande, que calificó de «construciva», es «una de las condiciones esenciales para facilitar la integración social de los gitanos» y calificó de «constructivas» las medidas aprobadas. Asimismo, expresó «la plena disponibilidad de las autori- dades rumanas para identificar y poner en práctica con sus socios franceses proyectos para la inclusión social de los gitanos».

Rumania tiene una de las mayores minorías romaníes en Europa, con unas 620.000 personas, según datos provisionales del último censo. Sin embargo, las ONG aseguran que los gitanos serían más de dos millones en Rumanía, ya que muchos prefieren no declararse como tales por temor a la discriminación.