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PRÓRROGA DEL PLAN PREPARA

Rajoy quita los 400 euros a los parados con ayuda familiar

El Gobierno español excluye finalmente del Plan Prepara a los desempleados que convivan con sus padres si estos tienen ingresos suficientes, según la ley, para mantener a toda la familia. La ministra Báñez argumenta que no quieren beneficiar a quienes disponen de este «colchón»

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GARA | MADRID

El Consejo de Ministros español prorrogó ayer el plan Prepara por seis meses más, con efectos desde el 16 de agosto y dirigido a los parados de larga duración que ya han agotado todas las prestaciones. Como ya estaba establecido, el programa solo se puede cobrar una vez, por un periodo de seis meses, sin posibilidad de repetir.

La principal novedad, sin embargo, radica en que el Gobierno ha excluido del plan a los desempleados que convivan con sus padres si éstos tienen ingresos suficientes, según la ley, para mantener a toda la familia.

La legislación vigente considera que son ingresos suficientes 481 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar, si bien hasta el momento no se tenía en cuenta a los padres del solicitante de la ayuda como miembros de la familia (aunque vivieran en la misma casa), solo a su cónyuge o pareja y a sus hijos menores de 26 años o con discapacidad.

La otra novedad, que ya había sido anunciada, es que la ayuda sube a 450 euros para los parados que tengan al menos tres familiares a su cargo, incluida la pareja.

Se trata, según explicó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de dar prioridad a quienes tengan cargas familiares frente a quienes cuentan con un «colchón familiar».

Según la ministra, el programa favorecía hasta ahora a los jóvenes no emancipados. Si el solicitante de la ayuda vivía con su pareja y ésta ingresaba al menos 963 euros, ya se superaban los 481 euros por miembro de la unidad familiar, por lo que no podía cobrar los 400 euros del Prepara.

En cambio, si la convivencia era con los padres, el demandante podía tener la ayuda aunque los progenitores ganasen 8.000 euros mensuales, como dijo la ministra a título de ejemplo.

Estas modificaciones solo afectarán a los beneficiarios de la nueva prórroga y no a quien esté cobrando actualmente la ayuda.

El Ejecutivo también pretende modificar la formación de estos desempleados, ya que, después de la primera evaluación de sus efectos, considera que solo el 8% de los beneficiarios ha asistido a un curso de recualificación.

Reforma financiera

Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó ayer que su Ejecutivo ha acordado aplazar al próximo viernes 31 de agosto la aprobación del real decreto que adapta la legislación española a las condiciones del memorando que permite a España recibir hasta 100.000 millones para sanear la banca.

Afirmó que el real decreto ley está ultimado, pero que la Comisión Europea «ha pedido una semana más» y que el Ejecutivo ha accedido.

La Comisión Europea respaldó esta decisión al considerar que resulta «muy importante» que la reforma financiera «se haga bien».

SEGUNDO RESCATE

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que en estos momentos el Ejecutivo español no mantiene ningún tipo de negociación con la Comisión Europea para otro rescate más allá del destinado a la banca.

Alertan de los peligros de la reforma del alquiler

Otra de las medidas que aprobó ayer el Consejo de Ministros es el anteproyecto de ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Vivienda por el que los inquilinos que se retrasen en el pago de la renta de alquiler podrán ser desahuciados en un plazo de diez días si no presentan alegaciones al juez.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, señaló que la ley aumentará la oferta de viviendas disponibles, si bien las organizaciones de consumidores temen que se termine recortando derechos al conjunto de arrendatarios, al permitir que «cualquier inquilino que asuma escrupulosamente los pagos de las rentas mensuales pueda ser echado a la calle» si el propietario requiere el piso para vivienda habitual, con lo que podrá alquilarlo a un precio más alto.

Hasta ahora, los contratos solo podían actualizarse al IPC durante los primeros cinco años pero, una vez se apruebe la reforma, el propietario podrá revisarlo al tercer año y «quitarse de encima al inquilino si tiene a otra persona que le ofrezca más», denuncian.

El Gobierno de Lakua coincidió en señalar que la nueva ley «reduce de forma muy importante los derechos de los inquilinos». GARA

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