En contra de los informes de los especialistas de los hospitales de León y Donostia, en contra de la opinión de los médicos de prisiones, el informe de la médico forense de la Audiencia Nacional indica que Iosu Uribetxebarria no padece un cáncer terminal, si bien reconoce que que el 50% de los enfermos «con las mismas características» que Uribetxebarria vivieron «igual o menos de 11,3 meses». Y en contra de lo afirmado por el ministro de Interior y del director de Instituciones Penitenciarias españoles, en contra del sentido común, dicho informe concluye que su tratamiento se puede «llevar a cabo» en prisión, respondiendo así al requerimiento del fiscal, que bloqueó la decisión del juez sobre la libertad de Uribetxebarria con ese requerimiento. Una libertad que no cuestiona ni el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. El ensañamiento con el preso arrasatearra ha llegado a un grado impensable, que revela el margen de presión y margen de actuación de los sectores más reaccionarios y ultras del Estado. No hay justicia alguna que pueda respaldar ese desprecio a sus propias normas y a la ética más elemental; antes bien, el concepto más primario de justicia es incompatible con él.