Después de un encierro y ayuno de diez horas y ante la decisión férrea del presidente del Parlamento, Alberto Catalán, de desalojarlos, los siete parlamentarios de Bildu y NaBai salieron de la Cámara navarra por su propio pie. Al final, decidieron evitar una operación policial dentro de la sede de la soberanía navarra y caer en «provocaciones». Catalán avisó de que enviaría a la Policía Foral a por ellos a las 21:30 horas, así que programaron su salida del hemiciclo media hora antes de la hora límite.

El grupo de parlamentarios solidarios estaba constituido por cuatro miembros de Bildu (Bakartxo Ruiz, Bittor Rubio, Aitziber Sarasola y Bikendi Barea) y tres electos de Aralar de la coalición NaBai (Txentxo Jiménez, Asun Fernández de Garaialde y Xabi Lasa). El encierro se notificó a la Cámara y a los medios a las 11:00 de la mañana en una rueda de prensa. Su objetivo era exigir «la inmediata liberación» del preso Iosu Uribetxebarria. La intención de los electos era mantener la protesta durante 24 horas. La exigencia de liberación se hizo extensa a los otros trece presos con enfermedades incurables y, en particular, a los cuatro navarros de ese grupo. Los parlamentarios esgrimieron argumentos humanitarios para las excarcelaciones.

A la salida del Parlamento, Bakartxo Ruiz denunció una presencia policial mayor de lo acostumbrado desde primera hora y, también, que agentes de la Policía Foral les vigilaban exhaustivamente, como si fueran conocedores antes del anuncio de que el encierro se iba a producir. «Creemos que nuestra iniciativa es absolutamente legitima. El Parlamento de Navarra debe ser sensible a esta demanda ciudadana», suscribió Ruiz. Por su parte, Fernández de Garaialde emplazó al resto de partidos a pronunciarse sobre la liberación del preso enfermo. A su salida, estuvieron arropados por decenas de solidarios.

El anuncio de su iniciativa solidaria desató una catarata de reacciones, cada una de ellas con un tono más elevado. El PSN «condenó» la acción tachándola de «electoralista» y con vistas a la CAV y les acusó de «prostituir» el Parlamento. Por su parte, UPN señaló que estas son prácticas que retrotraen a décadas atrás «cuando parlamentarios de Batasuna o EH debían ser desalojados». Asimismo, el PP, aseguró que se trataba de algo «intolerable» y denunció un intento de «violentar la actividad normal de la Cámara».

Las descalificaciones vertidas por estos responsables políticos fueron uno de los motivos por los que los parlamentarios decidieron evitar las imágenes de un desalojo por la fuerza. En un comunicado conjunto que emitieron antes de abandonar la sede parlamentaria, los encerrados señalaron su deseo de no caer en «provocaciones». Por otro lado, los encerrados anunciaron su apoyo a las movilizaciones de Herrira y varios de ellos no descartan de seguir peleando por la liberación sumándose a nuevos ayunos.