Julen Arzuaga no necesita presentación para quienes trabajan en el ámbito de los derechos humanos, pero quizás sí para quienes solo siguen el ámbito de la política profesional clásica. Es evidente a primera vista que su trayectoria, su edad e incluso su aspecto no son las habituales de un consejero de estas áreas, pero más novedoso aún resulta el discurso de EH Bildu.

Libertades Ciudadanas. El nombre marca ya clara diferencia respecto a Interior y Justicia...

Lo escogimos porque siempre ha habido una tensión teórica entre lo que es Justicia, como salvaguarda de los derechos humanos, y lo que es Interior, que se preocupa mucho más por relajar esa salvaguarda para dedicarse al control, a la seguridad, al orden público... Queremos rescatar lo que ha sido solo un apartado dentro de Justicia y ponerlo en el frontispicio de nuestra actividad, situar los derechos humanos por encima de todo y que cualquier acción lleve ese marchamo.

Como jurista dedicado a los derechos humanos, ¿para cambiar todo eso hay que cambiar también las policías, las leyes, los jueces, los tribunales...?

Sí. Y vamos a ello. Lo que me da mi militancia en este campo es conocimiento para saber cuáles son las prácticas buenas, las malas y las nefastas. Lo he visto en Euskal Herria y también conozco los estándares de derechos humanos que se manejan fuera, por ejemplo en las Naciones Unidas. También he conocido personas que venían del ámbito de los derechos humanos y luego han desempeñado y desempeñan importantes cargos institucionales, como Rigoberta Menchú, José Ramos Horta o Evo Morales. Los activistas por los derechos humanos podemos gestionar este campo con mayor sensibilidad.

¿Si se puede hacer eso con el formato actual? Vemos que existen leyes-chicle, leyes-embudo... igual dan para un roto que para un descosido. Así que la ley permitiría hacer muchas cosas seguramente, pero desde EH Bildu no vamos a hacer una simple gestión de ellas. Queremos reformar leyes, instituciones, organismos de gobierno...

Pero todo ese entramado de jueces, leyes, policías... se situará enfrente. ¿Cómo se puede contrarrestar eso?

Trabajando a dos niveles. Por un lado el de gestión, pero por otro el de los objetivos estratégicos. Hay que hacer virar estas instituciones poco a poco hacia nuestros objetivos: la soberanía y los planteamientos de izquierda. Ese entramado viene de un Estado español que en un momento dado otorga un régimen autonómico: el del Estatuto. Para nosotros siempre ha sido absolutamente insuficiente, pero partimos de esa base para poner todas esas instituciones en el carril de la soberanía, la independencia, la izquierda, las políticas sociales...

¿Hay algún modelo policial en el mundo que les sirva de inspiración?

Sí hay cosas que nos parecen interesantes, pero por encima de eso lo que queremos es abrir un debate muy abierto sobre qué policía pide este país en este momento concreto. Es curioso ver que se ha dado un debate muy a la carrera sobre la cuestión de los escoltas por las nuevas circunstancias, y nos preguntamos por qué esto no ha ocurrido en el sector público de la seguridad, por qué no se quiere entrar en eso. Es prioritario.

Una política menos securócrata ¿conlleva menos ertzainas?

No lo sé. Lo que está claro es que haremos una política menos securócrata. Por eso hay que hacer ese debate: ¿Cuánta policía se necesita para eso, qué tipo de agentes, de qué sectores sociales deben provenir? Hay una cosa clara: existe una animadversión evidente de las policías, incluida la autonómica, hacia sectores políticos, y esa animadversión es compartida por estos. Las reglas internacionales dicen que cualquier cuerpo policial tiene el derecho a estar bien imbricada en su sociedad, pero esto no es así hoy en día.

¿Qué le parece la actitud de la Ertzaintza sobre la muerte de Iñigo Cabacas?

Me recuerda mucho a otras que hemos visto históricamente desde otros ministerios de Interior. Primero, cerrar filas en torno a los infractores; luego, dificultar y alargar la investigación, dar datos circunstanciales o no reales... Me recuerda a las versiones oficiales en el caso de Mikel Zabalza, en el de Fernando Elejalde... casos evidentes de tortura que se dejaron sin investigar. En el caso de Iñigo Cabacas creo que habrá una parodia de investigación, pero no se depurarán responsabilidades. Podemos asegurar que con nosotros se cerrarían filas, pero no en torno al infractor, sino a la víctima.

¿Con qué planteamiento afrontan lo que se denomina como «delincuencia común»?

Tanto en casos políticos como comunes, planteamos «calabozos transparentes». Abogados, forenses, familiares... deben tener acceso a la persona detenida. Y apostamos por la perspectiva preventiva: muchos delitos comunes se deben a estados de necesidad, falta de formación en respeto a la ciudadanía, en derechos humanos...

Luego está el tema posterior, el penitenciario. El sistema actual es el fracaso de toda la sociedad. Se tendría que reducir el apego a la pena de prisión, muchas veces excitada por ese populismo punitivo. También la prolongación de las penas... Hay mucho por hacer.

«Uribetxebarria se está muriendo y eso pasa bajo custodia, ahí hay un déficit increíble»

El tema de Iosu Uribetxebarria está en candelero. Se ha referido a él como una «crisis humanitaria»...
Lo es. Hay una persona que se está muriendo, y se está muriendo bajo custodia de Instituciones Penitenciarias. Hay un déficit increíble, no está operando con criterios de humanidad sino de interés político, de venganza, de dar satisfacción a demandas ultras... Me preocupa mucho cómo se está intentando extraer una interpretación de la ley para todo ello. Se imponen penas que superan el límite de la vida de una persona y se quiere además que se lleven hasta el final de esa vida, por encima de lo que la propia naturaleza humana permite.
Por otro lado, vemos que hay casos de personas excarceladas por enfermedad que no tenían la gravedad del caso de Uribetxebarria. Se me ocurre el caso de Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 72 años. Cumplió cuatro en prisión por unas etéreas consideraciones de salud, nadie sabe realmente por qué motivo, cuando se conoce a la perfección el expediente sanitario de Uribetxebarria. El general de Intxaurrondo accedió al tercer grado sin ningún estruendo. Si la ley permite eso, ¿cuáles son los obstáculos en este caso?

¿Puede ser un punto de inflexión el fallo de Europa sobre la «doctrina Parot»?
Lo sería si el Estado hubiese aceptado el fallo, pero ya hemos visto que se ha revuelto contra él. Mientras eso no ocurra, esa sentencia hoy es como el sonar del Titanic diciendo que hay que virar el rumbo. Recuerdo que José Antonio Pastor (PSE) situó la sentencia del Constitucional en favor de la «doctrina Parot» como compensación por la legalización de Sortu, ¿qué forma de interpretar la Justicia es esa?

Ha trabajado mucho en el ámbito de la tortura, ¿qué se puede hacer a estas alturas desde el Gobierno de Lakua?
Ir a una papelería que tenga en stock 10.000 carpetas y empezar a rellenarlas con testimonios, informes forenses, denuncias judiciales, recortes de prensa... para hacer un censo oficial de lo que ha sido la tortura y de sus víctimas. Sería un primer paso en el reconocimiento para ir agotando luego las siguientes etapas: reparación y garantías de no-repetición.
¿Cabe una Justicia transicional en Euskal Herria, como ha ocurrido en otros puntos en épocas como esta? ¿Tienen alguna idea en concreto?
Hace poco conversaba con Theo van Boven, el anterior Relator contra la Tortura de la ONU. Me decía que en los últimos meses no había habido casos de tortura y que había que afrontar inmediamente el reconocimiento y la reparación de quienes la han sufrido hasta ahora, y me indicaba que sería interesante la participación de expertos internacionales para buscar verdad y justicia. Y que otro tanto había que hacer para otras vulneraciones por parte del Estado. Me decía que era el momento de establecer canales para la verdad. Tenemos ideas, por supuesto, pero creemos que conviene hacerlo con luz y taquígrafos, en un debate abierto. Hay que establecer canales para saber lo que ha sucedido, lo que comúnmente se llaman Comisiones de la Verdad, etcétera.
Cuando se habla de relato, no se puede poner el tejado antes que la casa. Hay que establecer los procedimientos para que ese relato sea fidedigno, es decir, para que no sea propaganda.

«Sí soy un ‘superviviente’, pero se confunde quien piense que afronto esto con rencor»

Una cuestión personal. Julen Arzuaga también es un «superviviente» de estos macroprocesos políticos que se han impulsado desde Madrid. Todavía hace falta desmontarlos, ¿cómo afrontaría esa situación desde Lakua?
Cuando la ciudadanía vasca ha demandado justicia a los tribunales españoles, la respuesta siempre ha sido arbitrariedad e injusticia. Sí, es algo que tenemos que acometer, mirando al pasado y al presente, pero sobre todo mirando al futuro. Que tribunales de Madrid no juzguen actividades políticas en Euskal Herria, que no sean tribunales que priorizan intereses políticos sino derechos y libertades fundamentales y estándares internacionales.
Sí, fui «superviviente» de un juicio en el que ya dije en su momento que era tan injusto condenar a mis compañeros que fueron condenados como absolverme a mí. Era una decisión arbitraria. Pero también soy «superviviente» de actuaciones policiales: en 1995 sufrí una paliza terrible de la Policía vasca. Ahora bien, si alguien piensa que acometo esta responsabilidad desde el rencor y la visceralidad personal, se confunde absolutamente. Acometemos el planteamiento de gobierno desde la memoria, pero con la visión puesta en el futuro.

Por resumir todo esto, ¿qué diferencia habría entre Julen Arzuaga y lo que han sido Rodolfo Ares o Juan María Atutxa?
(Se ríe) Abismal. El ministro de Interior español decía el otro día que le preocupaba muchísimo que EH Bildu pudiera llegar a gestionar este       gobierno y apelaba al buen criterio de la ciudadanía. Bien, pues yo apelo al buen criterio de la ciudadanía para que una persona como yo, que viene de la militancia y el activismo por los derechos humanos, pueda ser consejero no de Interior, no de Justicia, sino de Libertades Ciudadanas. Yo creo que esa es la diferencia, eso marca una brecha insuperable respecto a lo que han sido anteriores consejeros y lo que se entiende que debe ser una gestión de Interior o de Justicia. Nosotros tenemos otra idea, tenemos otro proyecto, y lo que queremos hacer si llegamos a esta institución es poner todas esas herramientas del autogobierno en el carril del futuro, de la soberanía y de la izquierda.