(...) en la nueva oleada de movilizaciones chilenas han podido observarse algunos aspectos novedosos, como la participación creciente de estudiantes de secundaria -cuyas edades oscilan entre los 12 y los 18 años- en las jornadas de protesta, y la coincidencia de estas expresiones con la incursión de los movimientos sociales en la arena político electoral: así lo demuestra la creación de fuerzas partidistas integradas por activistas y representantes de organizaciones civiles que se disponen a contener en los comicios municipales de octubre próximo. Tal circunstancia da cuenta de dos de los méritos centrales del movimiento estudiantil en Chile: impulsar la capacidad organizativa y de movilización de la sociedad y evidenciar, de paso, la crisis de representatividad del sistema político de esa nación.

Ante la demostración fehaciente del descontento social que genera un modelo educativo caracterizado por su inequidad y su carácter depredador, lo peor que puede hacer el gobierno de Piñera es porfiar en sus intentos de minimizar y desvirtuar las protestas estudiantiles y atacar el problema mediante meros paliativos: es necesario, en cambio, que el Ejecutivo abra el terreno para un diálogo efectivo y muestre voluntad para reformular la política educativa, la cual constituye una de las facetas más injustas del modelo económico vigente en el país austral desde hace casi 40 años, y una de las herencias más nefastas de cuantas dejó tras de sí el régimen pinochetista.

Por lo demás, el conflicto estudiantil y político chileno debiera constituir una voz de alerta en países como el nuestro [México], sobre los riesgos que encarna un Estado débil e incapaz de hacer frente al cumplimiento de derechos elementales, como la educación, ya sea a consecuencia del dogmatismo neoliberal, de la corrupción, el dispendio, la obsecuencia con intereses corporativos particulares o una combinación de todos esos factores. (...)