Los gobiernos de la Unión Europea han acordado un sistema para que la única alternativa en la aplicación de las políticas sea el recorte de los derechos laborales y sociales. Este sistema se está imponiendo de forma totalmente antidemocrática y tiene por objeto eliminar eso que se ha conocido como «modelo social europeo».

Todo está basado en la mentira. Por ejemplo, Rajoy y sus ministros repitieron una y mil veces que el eurogrupo iba a prestar dinero a la banca -no al Estado- y que ese dinero no conllevaba condición alguna. Nada más lejos de la realidad. Como denunció ELA desde el principio, se acordó dar un crédito de 100.000 millones de euros al Gobierno español para que ese dinero se transfiriese a la banca (sin visos de recuperación para las arcas públicas). Es así como las deudas privadas se hacen públicas y nos obligan a pagarlas con recortes. Hoy todos sabemos que, para que le fuese concedido ese crédito, el Gobierno debía cumplir determinadas condiciones. Algunas están recogidas en el decretazo de julio, en el que, entre otras cosas, se recortaron las prestaciones por desempleo, se aumentó el IVA, se eliminó la paga extra de diciembre para el personal del sector público o se da barra libre a las grandes superficies para aumentar sus horarios comerciales... Los recortes se hacen para asegurar el pago a los acreedores (para ese fin Zapatero y Rajoy modificaron la Constitución).

La opacidad con la que trabajan las élites políticas destroza la democracia. Las decisiones se toman sin debate, sin participación, sin contraste, sin información rigurosa. La información que da el Gobierno es lo más parecido a un NO-DO. Hay que leer el Boletín Oficial para saber realmente qué se termina aprobando. Ni siquiera las ruedas de prensa posteriores al Consejo sirven para aclarar nada. Así sucedió el pasado 3 de agosto, tras el Consejo de Ministros, cuando Rajoy compareció para hacer publicidad y propaganda de sus actuaciones. No dijo nada sobre lo más importante: que su Gobierno había aprobado el Plan Presupuestario 2013-2014 con nuevas y duras medidas. En ese plan, aunque sin concreciones definitivas, se anuncian nuevos recortes, que afectan al empleo público, al aumento de impuestos en los hidrocarburos... Se recogen también graves recortes en pensiones, orientados a reducir su cuantía y a retrasar la edad de acceso a la jubilación. Hablan de modificar la regulación actual de la jubilación anticipada, de modificar el contrato de relevo, de adelantar la entrada en vigor de la reforma acordada por Zapatero con la CEOE, CCOO y UGT que reducía las nuevas pensiones y retrasaba la edad de jubilación a 67 años. También se plantea aprobar un «factor de sostenibilidad... que tendrá efectos bien sobre la edad de jubilación, bien sobre la cuantía inicial de la pensión, bien sobre las condiciones de revalorización». Este «factor de sostenibilidad» fue incorporado en esa nefasta reforma de pensiones antes citada, contra la que, cabe recordar, realizamos en Hego Euskal Herria una huelga general en 2010.

Estos días de agosto se afirma que el Gobierno español va a tener que pedir más dinero. Que con 100.000 millones solo tapará algunos agujeros de la banca, y que va a necesitar mucho más para hacer frente a la financiación de su propia deuda pública (que crece de manera ilegítima). A eso se refieren cuando hablan de rescate. De todo eso se ha hablado en agosto: De las nuevas condiciones que pretenden imponernos y que el ministro de hacienda Montoro ha dicho que serán «muy dolorosas». La falta de información sobre estas cuestiones tan importantes sigue siendo total. Siguen mintiendo.

ELA está persuadida de que solo la movilización social forzará el cambio en las políticas que necesitamos. La huelga general convocada para el 26 de septiembre por las organizaciones sindicales y sociales de Hego Euska Herria que rechazamos todos los recortes laborales y sociales es una gran oportunidad para exigir a todas las instituciones (Gobierno español, Gobierno Vasco, Gobierno de Nafarroa, diputaciones forales o municipios) un giro radical en sus políticas. Ya no sirven las palabras; en política solo valen los hechos, máxime cuando se trata de condenar a una gran parte de la sociedad a un tremendo empobrecimiento. ELA exige a los partidos e instituciones vascos que se nieguen a aplicar los recortes que plantea Rajoy y que pongan los intereses de las personas por encima de los del capital. No es de recibo aplicar los recortes «por imperativo legal» y colaborar de esa manera en el empobrecimiento generalizado de la sociedad; en especial de los colectivos más desfavorecidos (mujeres, jóvenes o personas inmigrantes). Hacerlo así arrastraría a toda la clase política a la aplicación de una sola política. Es tiempo de política, no de gestionar aquí lo que se decide fuera.

ELA viene exigiendo a la clase política vasca que «si piensa distinto, no haga lo mismo», en clara referencia a que no se cumpla aquello que Rajoy decide mediante legislación básica. En política importan los hechos y, desgraciadamente, no hemos escuchado y mucho menos visto que en sus respectivas áreas de responsabilidad institucional la clase política vasca esté por la labor de distinguirse en la práctica. Hablar de «soberanía» o de «autogobierno» y despreciar la oportunidad que ofrece lo social para llenar de contenido real esas palabras es una grave contradicción que ELA tiene la obligación de subrayar.