Los profesionales sanitarios de la asociación Jaiki Hadi, que atiende a los presos políticos vascos enfermos, criticaron ayer el informe elaborado por la médico forense de la Audiencia Nacional española Carmen Baena Salamanca. Un documento sobre la situación de Iosu Uribetxebarria que ven «parcial y sin objetividad», y con el que se pretende sustentar la continuidad del preso vasco en la cárcel pese a que nadie cuestione que sufre un cáncer irreversible.

El polémico informe, que no tiene carácter vinculante, sostiene que «el tratamiento actual del enfermo, a la vista de la sintomatología que presenta, es compatible con ser llevado por los Servicios Médicos del Centro Penitenciario». Estas palabras chocan con lo dispuesto en un informe previo redactado por Osakidetza e indignan a los profesionales sanitarios agrupados en Jaiki Hadi que, en una rueda de prensa ofrecida ayer en Bilbo, denunciaron la «falta de ética profesional» evidenciada por la autora del texto.

A este respecto, anunciaron que, atendiendo a su deber «ético y profesional», denunciarán las vulneraciones deontológicas recogidas en el mismo ante la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid.

Esperanza de vida

Según explicaron Iñaki Uruburu y Estibaliz Gorostiaga, Baena redactó el informe, en el que se estima que la esperanza de vida del represaliado arrasatearra oscilaría en torno a los once meses, «sin tener en cuenta la situación física» actual de Uribetxebarria.

En este sentido, ambos destacaron que las previsiones efectuadas por Jaiki Hadi en virtud de la enfermedad diagnosticada al preso -dos metástasis cerebrales y una lesión pulmonar cancerosa de tipo maligna- dan al prisionero guipuzcoano siete meses de vida.

Esta diferencia carece de importancia en el ordenamiento jurídico, dado que establece la excarcelación de todas aquellas personas que padecen «enfermedades graves e incurables» -sin necesidad de que sean casos terminales-, pero sí sirve para mostrar la gravedad de Uribetxebarria, que continúa en prisión a la espera de una decisión definitiva. «Se están manipulando los criterios de la libertad condicional, así como el concepto de terminalidad», añadieron los portavoces del colectivo Jaiki Hadi.

Dejando a un lado la polémica abierta por la esperanza de vida del preso, Uruburu y Gorostiaga exigieron la puesta en libertad de Uribetexebarria porque los centros penitenciarios no están preparados para atender al represaliado de Arrasate, ya sea por la incapacidad de aplicar el tratamiento específico o por la falta de medios para brindarle una atención adecuada.

Junto a ello, lamentaron que la Justicia española está vulnerando los derechos de un «colectivo concreto de presos» y recordaron casos como el del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, que obtuvo la libertad condicional en 2004 tras sufrir una arritmia. Algo similar ocurrió con Rafael Vera, secretario de Estado entre de 1986 a 1994 y condenado por su vinculación a los GAL en 1998, que abandonó la prisión en el año 2006 por una enfermedad menor. «Es llamativo que ahora el derecho a la libertad solo se base en la fase terminal de una enfermedad, cuando en otros casos menos graves se ha aceptado la petición de libertad sin problemas», criticaron.

Turno para De Castro

Sin embargo, el informe elaborado por la médica forense española no decidirá el futuro de Iosu Uribetxebarria. Esta decisión corresponderá al juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, que deberá decidir si concede o no la libertad en función de los distintos documentos aportados. El otro paso, el tercer grado, está dado.

Por su parte, ayer el portavoz del PP en el Congreso español, Leopoldo Barreda, apeló a la independencia del tribunal al señalar que el caso de Iosu Uribetxebarria es un procedimiento administrativo «puro y duro». «Cada junta de tratamiento, cada equipo de médico ha dado su opinión, y el juez tendrá que resolver viendo el conjunto de las opiniones», admitió en declaraciones a Europa Press.