El colectivo Stop Desahucios considera que la nueva normativa sobre alquileres aprobada por el Gobierno español, según la cual los inquilinos podrán ser desalojados en diez días si no abonan su deuda, «agravará la situación dramática que vienen padeciendo miles de familias».

En su opinión, «teniendo en cuenta que hay 5.500.000 parados en el Estado, de los cuales más de la mitad lo son de larga duración, que se están reduciendo las ayudas sociales y endureciendo los requisitos para optar a ellas, entendemos que hay muchas familias que no pueden hacer frente a su alquiler». Denuncia, en este sentido, estos diez días de plazo «apenas dan margen para solucionar el problema de los atrasos porque las familias que no abonan el alquiler lo hacen debido a una situación sobrevenida y no por apetencia».

Justificación del PP

Entretanto, el portavoz de Fomento del PP, Andrés Ayala, manifestó que la agilización del desahucio de los inquilinos morosos «favorecerá la eficacia de la propia Administración de Justicia, a la que se descargará con los trámites que alargaban estos procesos».

«La norma comporta una supresión de trámites y una facilidad para su puesta en funcionamiento por parte de los funcionarios de Justicia", declaró el diputado conservador, quien respondía así a las críticas de que la nueva normativa no funcionará por la falta de medios judiciales.

El proyecto de ley de alquiler que el viernes aprobó el Consejo de Ministros permitirá al arrendador solicitar el procedimiento de desahucio con un solo mes de impago y, una vez que el Juzgado remita la notificación, el arrendatario tendrá que abonar la deuda o presentar alegaciones en un plazo de diez días En caso de que el deudor no atienda la petición ni presente alegaciones, el contrato se rescinde y se inicia el proceso de desahucio.