El juez de la Audiencia Nacional española Javier Gómez Bermúdez apuntó en una providencia hecha pública ayer que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, pudo ofrecer en una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado mes de julio, datos protegidos por el secreto de sumario relativos al «secuestro y asesinato» del industrial aragonés Publio Cordón.

Por ello, requirió una serie de informaciones adicionales «con el fin de determinar si existe base para estimar indiciariamente si se cometió un delito de revelación de secretos y el órgano competente para la instrucción de la causa, dada la intervención pública de aforados, en la que se dieron datos protegidos por el secreto de sumario».

Así lo dijo el juez, que no citó expresamente al ministro aunque apuntó hacia él a hacer referencia a aforados, ya que la única persona con esa condición en la mencionada rueda de prensa era el titular de Interior. El órgano judicial competente para investigarle en caso de que el juez concluya que los indicios de la revelación son lo suficientemente firme sería, por tanto, el Supremo.

Para poder hacer estas comprobaciones, requirió al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y al general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, Faustino Alvarez Sola, que le comuniquen en un plazo de cinco días «quién o quiénes le dieron la información verbal o escrita del resultado de las investigaciones y a quién se la transmitió».

Además, el responsable de Información del Instituto Armado tendrá que identificar a la persona «que informó a las autoridades del Ministerio de Interior sobre el resultado de la investigación».

El juez abrió investigación por la comisión de un presunto delito de revelación de secreto tras las detenciones ante la filtración de datos incluidos en una comisión rogatoria remitida desde el Estado francés y que contenía las pesquisas llevadas a cabo en el país galo sobre el secuestro de Cordón.

Rueda de prensa

Durante la rueda de prensa, Jorge Fernández Díaz explicó que Cordón murió a los «15 o 16 días» de haber sido secuestrado por los GRAPO tras sufrir un accidente en un intento de huir.

El ministro dio en la comparecencia «por definitivamente esclarecido» el secuestro del cometido hace 17 años, a la espera de la aparición del cuerpo. Agregó, además, el lugar donde estuvo secuestrado y cómo descubrieron el tiempo de estancia.