A cada día que pasa, se van filtrando más detalles del supuesto acuerdo firmado en La Habana entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP.

Según reveló ayer la cadena colombiana RCN, la mesa de conversaciones se instalará públicamente en Oslo, aunque la sede principal será la capital cubana. Los gobiernos de Cuba y Noruega ejercerán de garantes en este proceso, mientras que los de Venezuela y Chile harán labores de acompañamiento.

En cuanto a la agenda de negociación, ambas partes abordarán la participación política de los guerrilleros, prestando especial atención a los «derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, en general, y, en particular, para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final», una clara exigencia de que no se repita la masacre de la Unión Patriótica, surgida a raíz de las negociaciones entre el Gobierno de Belisairo Betancur y la guerrilla, en 1984 en La Uribe.

Otro de los puntos esenciales será «el fin del conflicto» que incluye «el alto el fuego y el cese de hostilidades bilateral y definitivo; el abandono de las armas y la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, en lo económico, social y político y la revisión de la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con la guerrilla». Asimismo, el Gobierno se compromete a «intensificar el combate contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, y, en particular, contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos» y a brindar «garantías de seguridad».

«Los derechos humanos de las víctimas» y «la verdad» también serán otros de los temas centrales de discusión, así como «las drogas ilícitas»

La firma del Acuerdo Final supondrá «la implementación de todos los puntos acordados», tras lo cual se crearán comisiones de seguimiento y verificación, además de mecanismos de resolución de diferencias.

Colombianas y Colombianos por la Paz, la Marcha Patriótica y la Conferencia Episcopal saludaron este incipiente proceso.

El Partido de la U, al que pertenecen el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Alvaro Uribe, pidió que el mandatario venezolano, Hugo Chávez, no intervenga en el proceso.