Catalunya se encuentra en una encrucijada. Mientras la ciudadanía opta cada vez más mayoritariamente por la independencia, la cruda realidad económica ha llevado al Govern a pedir un rescate que abre las puertas a la intervención del Estado y la liquidación de la autonomía. Presa de su ambigüedad, el president de Catalunya, Artur Mas, se resiste a dar pasos rupturistas, pese a saber que la alternativa será aprobar nuevos recortes junto al PP. Las elecciones anticipadas de muestran como única salida posible para un Govern al límite de sus posibilidades.

El pasado martes se juntaron en la mesa del president tres de los elementos que componen el imposible rompecabezas que el Govern necesita encajar para seguir gobernando. A saber, la formalización de la petición de rescate al Estado español, la deci- sión de participar o no en la Diada Nacional del 11 de setiembre y la noticia de que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, lo recibirá nueve días más tarde en la Moncloa para hablar, entre otras cosas, de la propuesta de Pacto Fiscal aprobada por el Parlament.

Lejos de solucionar el puzzle, Mas no consiguió más que revolver más las piezas. Por un lado, defraudó a muchos de los catalanes -las propias bases de su partido- que pedían su participación en la manifestación de la Diada; por otro lado, con la petición del rescate abrió la puerta a la intervención del autogobierno por parte del Estado; y por último, reforzó la idea de que su máximo empeño sigue siendo el pacto fiscal, cuando todos son conscientes de que la Moncloa hará oídos sordos a la demanda catalana.

Pero vayamos por partes. Después de repetir por activa y por pasiva que no aceptarían condiciones políticas a cambio de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico, el portavoz del Govern, Francesc Homs, reconoció el miércoles que el rescate sí que supondrá una pérdida de autogobierno, sobre todo si no cumplen con el objetivo de déficit -y todos los indicios apuntan a que no lo harán-. Esto abrirá las puertas a la intervención de Catalunya por parte del Estado, según lo dispuesto en la Ley de Estabilidad, aprobada precisamente con los votos de CiU.

Lo cierto es que, calculadora y ley española en mano, el Govern no tenía más opción que pedir el rescate para evitar la quiebra, ya que la Generalitat afronta vencimientos de deuda por valor de 5.700 millones de euros de aquí a fin de año. De hecho, ya han advertido de que si el mecanismo de ayuda del Gobierno no se pone en marcha inmediatamente, Catalunya tendrá problemas para afrontar sus gastos más inmediatos -como ya ocurrió en julio con las entidades sociales-. Esta realidad no impide que la petición de rescate sea encajada por la ciudadanía catalana como el colmo de la injusticia, ya que se ven obligados a pedir dinero -bajo estrictas condiciones- a un Estado al que aportan mucho más dinero del que reciben. La diferencia, conocida como déficit fiscal, se cifra anualmente en torno a los 16.000 millones de euros.

Diada histórica. La segunda pieza del rompecabezas deriva, de hecho, de este maltrato económico del Estado a Catalunya, elemento clave para entender el espectacular ascenso del independentismo en los últimos dos años. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) se ha convertido, con el paso de los meses, en el reflejo más fiel de dicho independentismo transversal y ha conseguido fijar la Diada del 11 de setiembre como fecha clave en el calendario político.

La expectativa creada en torno a la manifestación de la ANC -que aglutina todo el espectro soberanista a excepción de las CUP y las organizaciones de la Esquerra Independentista- se vio incrementada por declaraciones y rumores que apuntaban a la participación del Govern y de Mas en la misma. Finalmente, el president dio su brazo a torcer y, ante las tensiones generadas con el PP y sus compañeros de coalición, Unió Democràtica de Catalunya, anunció que solo participaría en los actos institucionales de la Diada. Todo un fiasco para su base electoral, que reclamaba un liderazgo claro por parte Mas.

Pese al anuncio de que el partido de Mas, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), sí que asistirá a la manifestación, el fiasco para las bases ha sido doble después de observar que, tras fracasar en el primer intento de rebajar el tono independentista de la movilización -para llevarlo al campo del pacto fiscal-, el Govern sigue empeñado en utilizar la previsiblemente masiva manifestación para negociar en la Moncloa la propuesta de un nuevo modelo de financiación.

Así lo expresó Homs al pedir una gran movilización de la sociedad catalana, con el objetivo de dar fuerzas a Mas para la reunión que mantendrá con Rajoy el 20 de setiembre en la Moncloa, solo nueve días después de la Diada. La semana pasada, Rajoy le envió una carta al president proponiéndole una reunión en la Moncloa, para tratar, entre otros muchos asuntos de actualidad, el modelo de financiación. Para más inri, el presidente del Gobierno español le pedía en el mismo escrito la colaboración de la Generalitat para presentarse ante Europa con una sola voz

Cae la cortina de humo. Los acontecimientos de esta semana han reforzado la posición de aquellos que denunciaban la insistencia en el pacto fiscal y la retórica independentista del Govern como una cortina de humo para tapar la cruda realidad a la que se enfrenta el Principat. Una realidad económica que la petición del rescate deja al descubierto y que este otoño volverá, previsiblemente, a encender la protesta social. Más todavía cuando es probable que el rescate obligue a la Generalitat a sumar más recortes a la larga lista de los que ya ha ejecutado.

De momento, y para empezar, los maestros y maestras del Principat empiezan el curso en pie de guerra, con huelgas convocadas desde el primer día de clase. Protestan, entre otras cosas, por el despido de 3.000 interinos -cuando este curso habrá 15.000 nuevos alumnos- y la reducción del 42% del presupuesto de los centros públicos.

Pero la cortina de humo no solo ha servido para tapar la grave situación económica del Principat y las consecuencias de los recortes del Govern. También para desviar la atención de los casos de corrupción que afectan a Convergència. Recientemente, el juez impuso al partido una fianza de tres millones de euros en relación a la presunta financiación irregular de CDC en el «caso Palau». Al mismo tiempo, el secretario general de la formación, Oriol Pujol, se veía presuntamente vinculado a una trama de corrupción en torno a concesiones de ITV. Todo esto por no hablar de la sangrante evasión fiscal que sufre Catalunya, cifrada en unos 16.000 millones de euros al año. Euro arriba, euro abajo, la misma cifra que el expolio fiscal.

Tiempos interesantes. Con todos estos elementos sobre la mesa, es fácil prever un otoño caliente en el Principat, con infinidad de frentes abiertos y pocas certezas sobre el horizonte. Los sectores independentistas reclaman a Mas pasos unilaterales hacia la ruptura, considerando que las condiciones son idóneas para ello: gran parte de la ciudadanía lo apoya, partidos como ERC han mostrado repetidamente su disposición a acompañarlos y la situación -y diferenciación- de Catalunya es cada vez más presente en medios y círculos internacionales.

De hecho, el tema de la secesión y nacimiento de un nuevo Estado en el seno de Europa apareció ayer mismo en el Parlamento Europeo. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, explicó que «en el hipotético caso de una secesión de una parte de un Estado miembro, la solución tendría que encontrarse y negociarse dentro del ordenamiento legal internacional».

Pero como ya se ha dicho, el Govern no parece, de momento, dispuesto a dar pasos semejantes e insiste en que la prioridad es el pacto fiscal. Las previsiones de la Generalitat pasan por dejar zanjado el tema de la nueva financiación antes de fin de año, ya sea con éxito o fracaso -sabiendo que será lo segundo-. El previsible portazo final al pacto fiscal abrirá una nueva etapa con tres opciones más sobre la mesa: intentar alargar el proceso convocando un referéndum sobre el modelo de financiación para sacar músculo e intentar obligar a algo a Madrid -la Ley de Consultas del Parlament estará lista en breve-, dar un paso rupturista y crear una Hacienda propia unilateralmente -es lo que le pide ERC- o bien convocar elecciones directamente y renovar su mayoría.

A Mas le gustaría alargar la legislatura todo lo que pueda, pero en tiempos como los actuales, el desgaste está servido para cualquier gobernante. Más cuando lo que se gobierna es una autonomía rescatada y en riesgo de ser intervenida. Y es que la crisis y el rescate trastocan todo el calendario que CiU había planteado para su legislatura. Como ya se ha comentado, es probable que el no cumplimiento del objetivo de déficit obligue a la Generalitat a aprobar nuevos planes de ajuste; es decir, nuevos recortes que solo podrá pactar con el PP.

Sin menospreciar la espectacular capacidad de CiU para vender pactos surrealistas a su propia base y contemplando la posibilidad de que apruebe nuevos recortes con el mismo partido que le tira la soga al cuello, el escenario a largo plazo se muestra insostenible para el Govern. Su propia base política le castigaría buscando opciones realmente rupturistas y la calle volvería a ser escenario del estallido social.

Así las cosas, todos los partidos trabajan ya con la previsión de un adelanto electoral al que nadie se atreve a poner fecha fija. Los últimos comentarios apuntan a que podrían ser en la primavera del 2013, una fecha en la que CiU calcula que el desgaste todavía no será tan grande y le permitirá revalidar la mayoría hasta 2017, con la esperanza de que el grueso de la crisis haya acabado entonces. Pero CiU no podría presentarse con un programa como el actual, en el que el pacto fiscal es la estrella. ¿Qué ofrecerá a una base electoral cada día más independentista? La partida es todavía larga.