El caso de Iosu Uribetxebarria, todavía abierto, ha creado un enorme impacto social e informativo en Euskal Herria. Lo que algunos políticos intentaron minimizar como «serpiente de verano» (Basagoiti) o «espectáculo» (Urkullu) era obviamente muchísimo más: un asunto de derechos humanos básicos, en primera instancia, y también, claro está, un reto de cara a la apertura o al cierre de caminos hacia la solución de las consecuencias del conflicto, pendiente casi un año después de Aiete y del cese definitivo de la lucha armada.

Desde ese punto de vista, y sin desdeñar la capacidad de los aparatos del Estado para seguir estirando un caso que ya no da más de sí, se pueden establecer ya algunas primeras conclusiones. Por ejemplo, que el caso Uribetxeberria es claramente un ejemplo de acción social eficaz, pero también que no es el modelo deseable ni viable para la solución del conflicto y de sus consecuencias.

Comenzando por el primer aspecto, en pleno mes de agosto un importante y amplio sector de la sociedad vasca ha sido capaz de poner en su agenda la preocupación por este asunto que era muy humano y a la vez muy político. Y lo ha hecho con un grado de implicación impactante. En primer lugar, cientos de kides de Uribetxebarria en las cárceles. Y también, miles de compatriotas en la calle, donde por ejemplo decenas de ellos han cambiado sus vacaciones por el ayuno del Hospital Donostia, donde en estas tres semanas se han contabilizado 252 horas de concentración, a diario desde las 10.00 a las 22.00, agitando conciencias, extendiendo la sensibilización social y acumulando apoyos de todos los sectores, hasta los más insospechados.

La campaña no solo ha sido de movilización, sino de acción en su sentido amplio: activistas que han llevado las protestas hasta las sedes del Gobierno español y del PP, personas representativas de la sociedad vasca que han convocado movilizaciones, ciudadanos anónimos que han puesto su granito de arena con iniciativas de impacto mediático como la del franciscano que inició la «marcha de la silla», cargos institucionales que han llevado a cabo numerosas gestiones diplomáticas privadas... Todo ello queda como nuevo ejemplo de la altísima implicación social en Euskal Herria.

Paso adelante, nuevos obstáculos

A este paso adelante, sin embargo, le ha correspondido un enroque total de las posiciones en el Estado español: la Audiencia Nacional ha vuelto a recurrir a las prohibiciones de manifestaciones, con absurdos argumentos; la Brunete mediática ha defendido con más claridad que nunca la cadena perpetua, incluso hasta la muerte, dejando titulares escalofriantes; las asociaciones de víctimas de ETA se han revuelto contra cualquier excarcelación. Por otro lado, cada vez es más evidente que enquistando este tipo de conflictos el Estado los utiliza a modo de cortina de humo y obtiene otros dividendos, como despistar la atención social del asunto de la crisis y el inminente rescate global o enfrascar a los abertzales de izquierdas en este frente en un momento preelectoral.

Todo ello indica que, en su torpeza infinita y en su incapacidad de leer la nueva situación, el Estado ha percibido la acción social por Uribetxebarria como un pulso contra el que se debía defender. Habrá quien concluya que es su problema, y es cierto, pero la cuestión es que ese problema termina repercutiendo en Euskal Herria. Por eso el caso de Uribetxebarria difícilmente puede considerarse como un modelo viable y deseable de solución, como un espejo en el que debe mirarse e inspirarse el futuro, la fase resolutiva del proceso.

Es un reto, aun a sabiendas de que la cerrazón estatal no lo pone fácil y que Madrid no es Londres, buscar procedimientos y terrenos sobre los que labrar otro modelo de resolución, en el que edificar salidas que no se basen en un esquema de vencedores y vencidos, que no lleguen a los límites de lo humanamente soportable, que no se conviertan en un «caso» para la explotación mediática y la agitación de los instintos más bajos. En suma, la batalla por Uribetxebarria ha sido un batalla impuesta y bien librada desde Euskal Herria, pero no parece el esquema más práctico de solución.

Colombia, tan lejos y tan cerca

En esa búsqueda de la solución a un conflicto, la negociación no es el único camino (si el Estado español lo interpreta como algo inaceptable, siempre tendrá otras fórmulas unilaterales que explorar ya que lo único que se le reclama son derechos humanos y democracia). Pero no cabe duda de que la negociación sí es el camino más recto y también el más sólido para la no-repetición.

Así parece haberlo entendido el Gobierno colombiano, que ha anunciado el inicio de conversaciones directas con las FARC. Es pronto, y más viendo los antecedentes, para vaticinar una solución, pero el propio anuncio resulta ya muy significativo teniendo en cuenta que Santos y su antecesor Uribe son los alter ego latinoamericanos de Rajoy y Aznar. Y deja también otro apunte interesante para Euskal Herria: la revalorización del papel de la comunidad internacional como mediadora y de agentes como Noruega como facilitadores.