Por definición, las escaladas (bélicas, dialécticas...) resultan difíciles de controlar; por su propia naturaleza contienen elementos irracionales y tienden a retroalimentar las posturas menos constructivas, avanzan rápidamente y generan crisis e incertidumbre entre quienes asisten a ellas y, de un modo u otro, están implicados en sus consecuencias. Sobre todo porque se sienten impotentes ante el devenir de esa sucesión de reacciones negativas.

El de Iosu Uribetxebarria es un caso típico de este tipo de crisis. Para empezar porque el caso es tristemente sencillo: un preso tiene una enfermedad terminal y pide que se le aplique una ley promulgada por el Estado que lo mantiene cautivo. Una ley cuya letra y espíritu son diáfanos, que ya ha sido aplicada con anterioridad y entra de pleno en las condiciones objetivas del caso. Diáfanos como la petición de Uribetxebarria: poder morir con dignidad y rodeado de los suyos. Un caso sin solución y, por lo tanto, sin problema aparente. Un caso tan sencillo y claro desde un principio que el ministro de Interior español tuvo que advertir a sus huestes de que podrían caer en prevaricación de no atender a la petición de libertad del preso arrasatearra. Ante una situación así, un poco de sentido común y diplomacia habrían bastado para lograr un desenlace feliz (siempre dentro de la tragedia que conlleva una enfermedad como el cáncer y, esta vez, su previsible final).

Frente a esa vía diplomática, pronto comenzó un camino en el que los despropósitos y la crueldad adquirieron protagonismo de primer orden. No cabe ocultar, no obstante, que tras esos despropósitos y esa crueldad existe una agenda que tiene como máximo objetivo entorpecer y bloquear el proceso político abierto en Euskal Herria. Y en consecuencia, la paz. Se reúnen en torno a esa agenda los denominados securócratas, quienes mantienen intereses particulares en el escenario anterior y algún que otro cretino e inconsciente. Pero no cabe menospreciarlos, puesto que han demostrado tener capacidad suficiente para generar una escalada que ha terminado por distorsionar algo tan sencillo que no tiene otra solución que la liberación del preso político vasco. Y han logrado enquistar y atrasar esa decisión, con todo el sufrimiento añadido que conlleva. Es un pulso en el que nadie con alguna responsabilidad política puede ganar: porque liberar a un preso enfermo no es una derrota y porque traer a casa a un preso para que pueda morir en paz no es una victoria. Lo cual indica que no es un casus belli -con la lógica excepción del que quiere mantener el esquema de guerra-, sino un problema que hay que resolver lo antes y más fácilmente posible. Como ya se ha dicho, «sencillo».

Liderazgo y más pasos dentro de la estrategia

El comunicado del EPPK anunciando que concluye la protesta puesta en marcha después de que Uribetxebarria se viese forzado a emprender una huelga de hambre, advirtiendo de que no se debe «caer en la trampa» y subrayando que lo importante es el proceso que se ha reforzado tras la Declaración de Aiete, es un ejemplo de cordura y liderazgo. Este paso entra además de lleno en la lógica de la unilateralidad, quebrando la escalada y el pulso que ha provocado el Estado. Se rompe también así la tentación, el automatismo que empuja, consecuencia de un esquema de muchos años, a entender cada paso en términos de bilateralidad. Mientras el Gobierno, la judicatura y los medios de comunicación españoles siguen enzarzados en disputas internas y debates entre procedimentales y sádicos, en Euskal Herria la urgencia de que Uribetxebarria sea liberado es compartida por una gran mayoría social. Y en este complicado camino se ha logrado activar a esa opinión pública. La sociedad vasca es la primera destinataria del mensaje de quienes piden justicia, dignidad, democracia y paz en este país.

Es cierto que ni los responsables vascos del PSOE ni el PNV, que antes de tener un caso real encima de la mesa defendían la necesidad de que los presos enfermos fuesen liberados, han movido un dedo al respecto. Es más, han matizado su opiniones sobre esta cuestión y han acatado mandatos claramente injustos, como la prohibición de marchas pacíficas. Pero también es cierto que, a nada que sientan la presión de la opinión pública y de sus propias bases, esa postura resulta insostenible.

Ayer mismo Herrira anunciaba que realizará una ronda de contactos con europarlamentarios. Esa es otra de las claves: generar en el contexto europeo e internacional un estado de opinión acorde con la realidad de los derechos humanos en Euskal Herria. Una situación insólita en Europa, consecuencia de un estado de excepción que, en el escenario abierto con la Declaración de Aiete y las decisiones de ETA y el conjunto de la izquierda abertzale, resulta incomprensible para cualquier observador con un mínimo de rigor democrático. La diplomacia es, no hay que olvidarlo, otra forma de lucha.

En este contexto, el Gobierno español intenta negar paralelismos entre las negociaciones entre las FARC y el Gobierno colombiano y el conflicto vasco. A nada que el Gobierno de Santos actúe con inteligencia y el español persista en su cerrazón, lo que va a quedar en evidencia es la necedad política del PP. También en este ámbito.