La Audiencia de Navarra ha dado unos consejos para que los afectados por ejecución hipotecaria podamos defendernos mejor jurídicamente. Lo hace después de acatar el fallo del Constitucional que niega la dación en pago, revocando la sentencia anterior del 2010 de este mismo tribunal. La sustancia era esa, la dación en pago. Las recomendaciones de la Audiencia demuestran angelicales buenas intenciones. Aunque mucho mejores que el proceder premioso del Juzgado de Primera Instancia nº 2, que por agilizar los desahucios es capaz de practicarlos sin avisar a la familia del día y la hora en la que se van a ver puestos en la calle.

Desde las plataformas invitamos a los magistrados y a los jueces a que dejen de ver la realidad a través del filtro de abogado, procurador, escritos y procedimientos. Que asistan a una de nuestras reuniones, que se rocen con las familias que sufren los desahucios, que se metan en su piel y en sus circunstancias. Los desahuciados no pueden pagar abogados. Mucho menos a los pocos abogados capaces de poner en práctica esa justicia «creativa» que proponen. Los dos millones de familias con hipotecas vivas, los 350.000 desahuciados desde 2008, necesitaríamos un ejército jurídico como el que tienen los bancos para infiltrar nuestras pretensiones por los resquicios legales.

La «Justicia Gratuita» está regulada restrictivamente. Además, se obstaculiza desde el Colegio de Abogados, empezando por la misma recepción en el mostrador. La clave es la ley, que no admite la dación en pago. Hay que cambiarla. Y mientras no se cambia, pelear caso por caso. Hemos sacado más concesiones de los bancos con nuestra presencia física en las oficinas que con todos los escritos del mundo. Hemos conseguido más daciones en pago interponiendo nuestros cuerpos ante la comisión judicial que con todos los argumentos jurídicos conocidos.

Este martes 18, a las 9 de la mañana, CAN-Caixa quiere desahuciar a un vecino de Aoiz. Estamos emplazados a impedirlo. No nos han dejado otro camino.

Nos adherimos con toda el alma a las consideraciones del magistrado Francisco José Goyena, el ponente del auto de 2010 que avaló la dación en pago. Él habla de la situación económico-financiera sobrevenida. En efecto, estamos soportando una legislación hipotecaria del siglo XIX. Es frecuente, en el rifirrafe con un «director de banco», que este reclame la devolución del dinero prestado con las mismas palabras con las que un supuesto «Juan» le reclamaría a «Antonio». Estamos en el siglo XXI. La legislación hipotecaria se aplica esencialmente en el contexto de la especulación financiera construida sobre las necesidades de vivienda de la población. Ese director de banco, como el juez, como la legislación hipotecaria, olvidan lo que un estudiante de primero de Economía sabe: que un banco, cuando presta, no se vacía el bolsillo, sino que crea dinero, y que con su actividad financiera está alterando y cambiando de hecho el precio de las cosas que se compran con ese dinero creado, garantía de su deuda. Así se gestó la espectacular subida de los precios de la vivienda en España y en otros países. Dos millones y medio de familias nada pudieron hacer para controlar el proceso, ni cuánto iban a subir los pisos, ni qué evolución tendría la tasa de interés que derrumbó miles de hipotecas en 2008 y 2009, ni qué expectativas económicas y laborales tendrían sus vidas precarias. El sistema financiero decidió todo eso por ellos. Y sigue decidiendo. ¿No sería razonable devaluar el principal de los préstamos en proporción a la desvalorización de lo que ellos llaman «activos», pero que son nuestras viviendas, nuestras vidas?

Hay que cambiar la ley hipotecaria. Las plataformas impulsamos la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago. No hay duda de que el 5 de noviembre tendremos muchas más de 500.000 firmas. ¿Qué va a hacer el Gobierno después del 5 de noviembre? Si el anterior ya se plegó a la banca y rechazó por dos veces la dación en pago, ¿qué podemos esperar del actual?

Y este Gobierno, y el partido altergobernante, ¿qué puede esperar de los dos millones de familias hipotecadas y de las 350.000 desahuciadas, si no se legisla la dación en pago? Recordamos que este 25 de septiembre arranca en Nafarroa y en el Estado la movilización destituyente, la movilización por la ruptura constitucional y por la apertura de un proceso constituyente. ¿Dónde nos quieren tener?