La denuncia de la plataforma se produce tras hacerse público el pasado fin de semana un auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en el que estima la apelación del BBVA contra un fallo anterior que daba por finalizada una ejecución hipotecaria y establece que los usuarios de la hipoteca, contratada en 2007, deberán hacer frente al pago de la totalidad del préstamo tras la adjudicación.

Este fallo, contra el que no cabe recurso, dictamina que los dos deudores deberán responder por la deuda pendiente más el pago de intereses por importe total de unos 50.000 euros, después de que BBVA se adjudicara la vivienda al 50% del valor de tasación cuando se formalizó el crédito.

El auto argumenta que «no puede apreciarse abuso de derecho alguno» por parte de BBVA «por ejercitar las acciones concedidas por ley reclamando el pago de las cantidades que se le adeudan como consecuencia de un préstamo hipotecario y de su ejecución judicial, cuando se han cumplido absolutamente todas las premisas legales».

La Audiencia navarra, que fue la primera en avalar que la entrega del piso saldara la deuda hipotecaria, ha rectificado así su posición después de que el Tribunal Constitucional afirmara en 2011 que los procesos de ejecución hipotecaria «no vulneran los derechos fundamentales de los afectados».

La sentencia cuenta con un voto particular del magistrado Francisco José Goyena, que fue ponente del auto que en 2010 avaló la dación en pago, en el que reconoce que los procedimientos de ejecución hipotecaria son «consecuencia para una inmensa mayoría de ejecutados de una situación económica y financiera que no ha sido fruto de su voluntad, debiendo situarse su origen y responsabilidad en otras instancias».

El juez valora asimismo que la nueva resolución de la Audiencia, aunque tiene que respetar las directrices del Constitucional, «avanza posibles soluciones jurídico-procesales a la dramática situación que suponen los numerosísimos procedimientos de ejecución hipotecaria».

Por ejemplo, sostiene que el ciudadano puede oponerse a que el banco se quede con su casa alegando «circunstancias sobrevenidas» que han afectado a sus obligaciones de pago de la hipoteca, como las que «ejerce el contexto social y económico en que actualmente nos hallamos inmersos, ante la inesperada y vertiginosa deriva en los últimos años de la crisis económica y financiera».

También sugiere que se alegue una situación de «abuso de derecho» por parte del banco o una actuación «contradictoria con sus propios actos», ya que la normativa del Banco de España obliga a las entidades financieras a integrar en su patrimonio los bienes adjudicados en subasta no por el valor de adjudicación sino por el valor razonable.

«Buenas intenciones»

Tras conocer esta sentencia, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se adhiere a las consideraciones del magistrado Goyena cuando habla de «situación sobrevenida», aunque lamenta el cambio de posición de la Audiencia y califica sus recomendaciones de «buenas intenciones», que no resuelven el problema de fondo.

Tras recordar que los desahuciados «no pueden pagar abogados y mucho menos a los pocos abogados capaces de poner en práctica esa justicia 'creativa' que proponen», propone a los jueces «que dejen de ver la realidad a través del filtro de los abogados, procuradores, escritos y procedimientos. Que asistan a una de nuestras reuniones -añade-, que se rocen con las familias que sufren los desahucios, que se metan en su piel y en sus circunstancias».

Por último, la plataforma reitera que «la clave es la ley, que no admite la dación en pago», por lo que muestra su esperanza de que la iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago conseguirá reunir más de 500.000 firmas para el próximo 5 de noviembre. Mientras llegue ese día, propone «seguir peleando caso por caso». «Hemos sacado más concesiones de los bancos con nuestra presencia física en las oficinas que con todos los escritos del mundo», concluye.