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La Audiencia navarra rectifica y niega ahora la dación en pago
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha lamentado que la Audiencia de Nafarroa haya rectificado su anterior posición a favor de la dación en pago, al acatar ahora el fallo del Tribunal Constitucional que niega la dación en pago y dictar un auto en el que permite al BBVA seguir reclamando a dos ciudadanos la deuda hipotecaria que les falta por abonar pese a quedarse con su vivienda. Eso sí, sugiere «recomendaciones» para que se pueda paralizar la ejecución.![p028_f01.jpg p028_f01.jpg](/Repository/Imagenes/Pub_3/Issue_8233/p028_f01.jpg)
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La denuncia de la plataforma se produce tras hacerse público el pasado fin de semana un auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en el que estima la apelación del BBVA contra un fallo anterior que daba por finalizada una ejecución hipotecaria y establece que los usuarios de la hipoteca, contratada en 2007, deberán hacer frente al pago de la totalidad del préstamo tras la adjudicación.
Este fallo, contra el que no cabe recurso, dictamina que los dos deudores deberán responder por la deuda pendiente más el pago de intereses por importe total de unos 50.000 euros, después de que BBVA se adjudicara la vivienda al 50% del valor de tasación cuando se formalizó el crédito.
El auto argumenta que «no puede apreciarse abuso de derecho alguno» por parte de BBVA «por ejercitar las acciones concedidas por ley reclamando el pago de las cantidades que se le adeudan como consecuencia de un préstamo hipotecario y de su ejecución judicial, cuando se han cumplido absolutamente todas las premisas legales».
La Audiencia navarra, que fue la primera en avalar que la entrega del piso saldara la deuda hipotecaria, ha rectificado así su posición después de que el Tribunal Constitucional afirmara en 2011 que los procesos de ejecución hipotecaria «no vulneran los derechos fundamentales de los afectados».
La sentencia cuenta con un voto particular del magistrado Francisco José Goyena, que fue ponente del auto que en 2010 avaló la dación en pago, en el que reconoce que los procedimientos de ejecución hipotecaria son «consecuencia para una inmensa mayoría de ejecutados de una situación económica y financiera que no ha sido fruto de su voluntad, debiendo situarse su origen y responsabilidad en otras instancias».
El juez valora asimismo que la nueva resolución de la Audiencia, aunque tiene que respetar las directrices del Constitucional, «avanza posibles soluciones jurídico-procesales a la dramática situación que suponen los numerosísimos procedimientos de ejecución hipotecaria».
Por ejemplo, sostiene que el ciudadano puede oponerse a que el banco se quede con su casa alegando «circunstancias sobrevenidas» que han afectado a sus obligaciones de pago de la hipoteca, como las que «ejerce el contexto social y económico en que actualmente nos hallamos inmersos, ante la inesperada y vertiginosa deriva en los últimos años de la crisis económica y financiera».
También sugiere que se alegue una situación de «abuso de derecho» por parte del banco o una actuación «contradictoria con sus propios actos», ya que la normativa del Banco de España obliga a las entidades financieras a integrar en su patrimonio los bienes adjudicados en subasta no por el valor de adjudicación sino por el valor razonable.
«Buenas intenciones»
Tras conocer esta sentencia, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se adhiere a las consideraciones del magistrado Goyena cuando habla de «situación sobrevenida», aunque lamenta el cambio de posición de la Audiencia y califica sus recomendaciones de «buenas intenciones», que no resuelven el problema de fondo.
Tras recordar que los desahuciados «no pueden pagar abogados y mucho menos a los pocos abogados capaces de poner en práctica esa justicia 'creativa' que proponen», propone a los jueces «que dejen de ver la realidad a través del filtro de los abogados, procuradores, escritos y procedimientos. Que asistan a una de nuestras reuniones -añade-, que se rocen con las familias que sufren los desahucios, que se metan en su piel y en sus circunstancias».
Por último, la plataforma reitera que «la clave es la ley, que no admite la dación en pago», por lo que muestra su esperanza de que la iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago conseguirá reunir más de 500.000 firmas para el próximo 5 de noviembre. Mientras llegue ese día, propone «seguir peleando caso por caso». «Hemos sacado más concesiones de los bancos con nuestra presencia física en las oficinas que con todos los escritos del mundo», concluye.
El próximo martes 18 de setiembre la Caixa-CAN va ejecutar el desahucio contra un vecino de la localidad navarra de Agoitz. Será a las 9:00. Es el segundo en una semana, dado que el día 10 de setiembre se produjo otro desahucio en Agoitz.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Nafarroa se solidariza y acudirá a esa localidad a intentar parar el desahucio. Así se solidariza con la plataforma Babespean de Agoitz. «No aceptamos este desahucio, ni ninguno», explican en un breve comunicado, en el que indican que «os convocamos desde ahora a resistir, a oponernos. Todas las plataformas de Navarra apoyaremos a la Plataforma de Agoitz, Babespean» y exigieron a «Caixa Cínica» el «desistimiento inmediato» ante el juez de la petición de desahucio y, a la vez, piden «la dación en pago, la condonación total de la deuda, y el alquiler social para la familia». El mismo martes partirán dos caravanas de coches a las 7:30 desde la cuesta de Labrit y desde Kulturgune, de Berriozar para «intentar parra esta barbaridad». Este lunes, por otro lado, a las 12:00 habrá una concentración de denuncia ante la sucursal de la Caixa-CAN en Agoitz. GARA
La Audiencia sostiene que el ciudadano puede oponerse a que el banco se quede con su casa alegando «circunstancias sobrevenidas» que han afectado a sus obligaciones de pago de la hipoteca, como las que «ejerce el contexto social y económico en que actualmente nos hallamos inmersos».
Como los afectados del caso analizado por la Audiencia navarra no alegaron ninguno de los argumentos que expone la Audiencia en su recomendación, el tribunal permite al BBVA seguir reclamando a los afectados la cantidad pendiente más intereses y costas.