La Audiencia Nacional estudiará en un pleno convocado para este jueves la repercusión de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exigió la excarcelación de la presa política vasca Inés del Río por considerar que se le aplicó la doctrina 197/2006 de forma «irregular». La sentencia también insta a indemnizar a Del Río con 30.000 euros por los daños morales causados y 1.500 por gastos y costas.

Sobre esta petición se pronunció en contra la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que estimó que la sentencia del tribunal europeo no es firme sino meramente «declarativa», lo que supone que es «básicamente el Estado afectado» el que tiene que elegir, bajo la supervisión del Consejo de Ministros, las medidas a adoptar.