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Lakua no aplicará los recortes sanitarios de Madrid pese a la suspensión de su decreto

El consejero de Sanidad y la portavoz de Lakua presentaron ayer tres alegaciones contra la suspensión del Decreto 114/2012, un texto, cuya legalidad estudia el Tribunal Constitucional español, creado para hacer frente a los recortes sanitarios impuestos por el Gobierno del PP.

Ion SALGADO | GASTEIZ

El Ejecutivo de Lakua presentó ayer tres alegaciones contra la suspensión del Decreto autonómico 114/2012, aprobado el pasado 26 de junio, como barrera ante los recortes sanitarios impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy, y suspendido con posterioridad por el Tribunal Constitucional español. No obstante, Lakua ha optado por hacer caso omiso de forma temporal a la decisión del citado órgano judicial, ya que las autoridades competentes en la CAV han decidido no aplicar las medidas diseñadas por Madrid.

En una rueda de prensa ofrecida ayer en Gasteiz, la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, y el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, anunciaron que en las tres alegaciones, que deberán ser entregadas antes del día 28 de setiembre, se recoge la existencia de un título competencial específico que habilita al Ejecutivo de Lakua para «el desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior».

Asimismo, el Ejecutivo autonómico, que percibe una pretensión «recentralizadora» tras las medidas del PP, sostiene que el Decreto 114/2012 «amplía la cobertura pública gratuita abordada desde la garantía de la sostenibilidad económica del sistema con fondos de la propia Comunidad Autónoma, sin afección a la regulación uniforme y mínima impuesta por la legislación básica».

En cuanto a la supuesta vulneración del artículo 149.1.16 de la Constitución española, que atribuye al Estado la competencia «exclusiva» en aquellas cuestiones vinculadas a la sanidad exterior, a las bases y a la coordinación general de la sanidad y a la legislación sobre productos farmacéuticos, el Gobierno de Patxi López sostiene que el decreto que ha elaborado no choca con el citado artículo porque «nada impide que, con respeto a las condiciones básicas, puedan mejorarse las prestaciones que el sistema nacional ofrece a las personas nacionales o extranjeras que se sitúan en el ámbito territorial de su competencia».

Cuestión económica

La tercera alegación ante el TC sostiene que la aplicación de las medidas contempladas en el Decreto 114/2012 no pone en cuestión la sostenibilidad financiera del sistema sanitario, ya que se dictan «teniendo en cuenta la evolución de un modelo que se ha demostrado históricamente solvente».

A este respecto, Mendia y Bengoa explicaron que la población inmigrante, víctima de los recortes, «realiza una utilización de servicios sanitarios significativamente menor en términos relativos a la de la población autóctona y baja en términos absolutos de servicios sanitarios».

En lo referente al gasto farmacéutico, los dos consejeros afirmaron que los cambios en este ámbito permiten mantener contenido el gasto sin aplicar el copago.

Bengoa cree que el PP no actuará contra la CAV

El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, afirmó ayer que el Gobierno de Lakua no teme que la decisión de no aplicar los recortes impuestos por el PP pueda acarrear nuevas medidas por parte de Madrid. Es más, según explicó, si el Ejecutivo español decidiera interponer otra denuncia contra Lakua, también lo debería hacer contra Nafarroa, Galiza o Catalunya, donde dijo que han decidido mantener la asistencia a los inmigrantes irregulares.

En una rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Gobierno, Bengoa señaló que las declaraciones de la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, que hace días afirmó que las comunidades autónomas tienen libertad para continuar atendiendo a las personas que residen en situación irregular, suponen un respaldo al decreto elaborado por Lakua.

De este modo, el titular de Sanidad pretende mantener en vigor lo dispuesto en el Decreto 114/2012 hasta que el Tribunal Constitucional español resuelva si el mismo respeta, o no, la Carta Magna española. Una resolución que puede demorarse hasta el próximo 20 de enero, cuando finaliza el plazo para que el citado tribunal emita su fallo. I.S.

«Seguirá el morbo»

El consejero Rafael Bengoa comentó que el «morbo» en torno a los recortes continuará durante las próximas semanas, ya que está previsto que el 3 de octubre se reúna el Consejo Interterritorial de Salud.

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