El Palacio de Aiete, en Donostia, acogerá el sábado durante toda la mañana la II Asamblea de Movimientos Sociales de Euskal Herria, iniciativa dinamizada por la Coordinadora Lau Haizetara Gogoan. Se trata de una reunión abierta a quien lo desee, en la que podrán participar todas aquellas personas y organizaciones que desarrollan su trabajo en el campo de la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos.

En el encuentro de Aiete, que se iniciará a las 9.00 y finalizará en torno a las 14.00, se hará un balance desde la primera asamblea, celebrada en octubre de 2011, además de profundizar en el movimiento memorialista vasco, especialmente si es un instrumento adecuado para la evaluación de las políticas públicas sobre el cumplimiento de la legalidad internacional en cuanto a la exigencia de verdad, justicia y reparación, «incluidas las garantías de no repetición».

A continuación, los asistentes abordarán el papel de los movimientos sociales como agentes activos para la constitución de la Comisión de la Verdad de Euskal Herria y el desarrollo de sus objetivos.

Desde Lau Haizetara Gogoan se destaca que aunque la legalidad internacional es favorable a las exigencias de los movimientos memorialistas y de defensa de los derechos humanos, «nos encontramos con que quienes controlan las instituciones del Estado, incluidas las autonómicas y locales, no tienen la voluntad política necesaria para desarrollar líneas de trabajo efectivas».

Cuatro preguntas

En ese contexto, se preguntan por los instrumentos metodológicos de los que se pueden dotar para poder evaluar las políticas públicas y poder exigir medidas o programas de actuación para mejorarlas. También abren el interrogante por la razón por la que la clase política se niega a actuar «o, en el mejor de los casos, lo hace con reticencias».

No pasan por alto en su reflexión si su labor como movimiento social tiene un diseño «eficaz» para plantear y socializar sus demandas. Por último, quieren analizar cuál sería la manera más efectiva en que puede contribuir a crear unas condiciones sociopolíticas suficientes para convencer a instituciones, partidos y sindicatos sobre la necesidad de crear una Comisión de la Verdad en Euskal Herria y desarrollar las iniciativas que fueran necesarias para conseguir la anulación de la Ley de Amnistía de 1977, a partir de la que, «en la practica, sirve para garantizar la impunidad de los responsables de la dictadura y, aún hoy, es un freno a la hora de enjuiciar a los responsables de los crímenes cometidos» a partir de 1936.