Desde el inicio de la crisis económica en verano de 2007 en Hego Euskal Herria se ha más que duplicado el número de desempleados. Se ha pasado de 95.991 parados en agosto de 2007 a 208.477 desempleados en agosto de este año, lo que supone un incremento del 117,18%. Las personas en paro con menos de 20 años durante estos cinco años han aumentado un 236%.

Las reformas laborales que los sucesivos gobiernos españoles, del PSOE y ahora del PP, han aprobado no han sido capaces de crear empleo. Ese era, según el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y de Mariano Rajoy (PP), el objetivo fundamental de las mismas.

El Gobierno español del PP, además, viendo esta situación de paro creciente ha dado una nueva vuelta de tuerca, ya que ha puesto bajo sospecha de fraude a los desempleados. De esa manera, justifica los recortes de la cuantía de las prestaciones y limita el acceso a las mismas, sobre todo, a quienes tienen contratos a tiempo parcial, que de forma mayoritaria son mujeres. Hay que tener en cuenta que un 43% de los parados no recibía prestación económica alguna hasta el endurecimiento del acceso a las mismas.

En vista de esta situación, más de un centenar de colectivos sociales y las centrales sindicales ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, CGT-LKN y CNT han convocado la huelga general para el 26 de setiembre y recuerdan que con la próxima intervención de las cuentas del Estado español los recortes se endurecerán en todas las líneas de garantía social.

Reducción de la prestación

Las medidas restrictivas son, a juicio de las centrales sindicales y colectivos sociales, «un ataque directo a los derechos de protección social del colectivo de personas desempleadas». Así el Gobierno del PP ha reducido la cuantía de la prestación de desempleo al 70% en los primeros 180 días y al 50% a partir de ese plazo. Se limita el acceso a la renta mínima de inserción, porque se añade que para percibirla hay que haber agotado con carácter previo una prestación contributiva de desempleo o subsidio. Este para los mayores de 52 años se traslada a las personas de 55 años.

Durante ese plazo se rebaja la cotización a la jubilación, lo que tendrá, a la vez, repercusiones directas cuando esas personas sean pensionistas, dado que percibirán una menor cuantía.

Contratos parciales

La legislación aprobada por el Gobierno del PP penaliza, por otro lado, a las personas con contratos a tiempo parcial. Si una persona tiene varios contratos de ese tipo y finaliza alguno de ellos, sin haber cotizado un año, «no tendrá derecho a la prestación de desempleo». Hasta el momento se tenían en cuenta las cotizaciones totales, sin importar la antigüedad del contrato que concluía.

Para percibir la prestación, además, se tendrán en cuenta las horas trabajadas, cuando antes se accedía a un mínimo.

Entre las medidas, destaca también que se limita la cotización a la jubilación de quienes tienen contratos fijos discontinuos mayores de 55 años, que cotizarán por el mínimo de la cotización, frente al 125% de antes de renovar la legislación.

Además, ahora se faculta a los servicios públicos a más controles que permitan la supresión del pago del subsidio.

Marcha de LAB

Entretanto, la marcha de LAB que recorre Iruñerria centró ayer su denuncia en las consecuencias negativas que tiene para la mujer los recortes en dependencia. Ante el Departamento de Política Social, Berta García expresó que «los nuevos ataques a la clase trabajadora tienen dobles consecuencias para las mujeres». Por un lado, «perpetúan su papel subsidiario» y, por otro lado, acrecientan «las diferencias con respecto de los hombres al valerse del trabajo productivo y reproductivo sin reconocimiento».

Lorea Lucea, explicó a Efe que «servicios para la dependencia llevan años sin ser desarrollados, como la atención a domicilio o los centros de día» y, a la vez criticó que se hayan suprimido «un montón de ayudas a la familia y de ayudas a la contratación de personas para trabajar en los domicilios. Todo con la finalidad de llenar las plazas vacías que hay en las residencias y que el ciudadano sea quien pague su coste».

Por la tarde, los marchistas se concentraron frente al Ayuntamiento de Noain tras concoer que la Alcaldía (UPN) prohibió la acampada prevista. Tras pernoctar en un local particular, los marchistas proseguirán hoy su camino hacia la UPNA.