La empresa Inquitex de Andoain, dedicada a la fabricación de fibra de poliéster para automoción y lámina PET (plástico para botellas), se encuentra en fase concursal y, desde el pasado 10 de setiembre, tiene vigente un auto de liquidación que contempla, en una primer fase, un ERE de extinción para 68 de sus 110 trabajadores. Los 42 restantes, ocupados principalmente en las líneas de reciclado de PET y cogeneración, creadas hace tres años, continúan en activo hasta que la empresa encuentre comprador.

El comité de empresa, formado por 3 delegados de UGT, tres de ELA, 1 de CCOO y 1 de LAB, se reunió ayer con la administración concursal, encuentro en el que quedaron en evidencia los impagos de salarios a los que se enfrentan los trabajadores desde hace meses, y también la imposibilidad de cobrar las prestaciones por desempleo, ya que legalmente están de vacaciones hasta el 2 de octubre y hasta esa fecha no podrán efectuar la solicitud en las oficinas de empleo.

Al término de la reunión, el presidente del comité, Angel San José, explicó que los trabajadores reclamaron el pago de las retribuciones correspondientes a las vacaciones, aunque la dirección planteó que se agregaran a las pendientes del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

De hecho, los 20 días de vacaciones sin cobrar elevan a 170 las jornadas que adeuda la empresa. Además, y como consecuencia de la reforma adoptada en julio por el Gobierno español, el periodo máximo que abona el Fogasa se reduce de 150 a 120 días, con lo que los trabajadores tendrán que dar por perdidos varios meses de salario. La reforma reduce también el tope salarial del triple al doble del salario mínimo, por lo que operarios a los que se adeudan 33.000 euros solo podrán cobrar 17.000 como máximo.

Ello se suma, además, a que, debido a los ERE acumulados, los trabajadores han consumido más de 250 días de paro, y el Ministerio de Empleo solo devolverá 180 tras la liquidación, con lo que las pérdidas serían aún mayores.

La empresa Inquitex recibió en 2009 importantes subvenciones públicas en el marco de un plan de viabilidad por el que se construyeron las plantas de reciclado y cogeneración. En ese momento se despidió a 42 personas y se aplicó un ERE de suspensión para mantener el resto de puestos. Según denunciaba ayer Angel San José, «el sacrificio no sirvió para nada porque el nuevo negocio se segregó y se hicieron nuevos contratos, con bajos salarios, todo ello con el apoyo de las instituciones».