Igor San José, responsable de la Construcción y Obras Públicas de ELA, señaló a GARA que han alcanzado un acuerdo con el Departamento de Infraestructuras y Transportes de la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, para «blindar el convenio de la Construcción» en los pliegos de las obras públicas que se liciten para evitar que las sucesivas reformas laborales aprobadas en Madrid se impongan sobre el convenio provincial.

La primera obra en la que se exigirán estas medidas es el semienlace de Antzuola-Bergara, conexión por la AP-1, que tiene una base de licitación de 63,6 millones, para la que se han presentado once ofertas.

En los pliegos de la Diputación se exigirá, entre otras actuaciones, que se apliquen las condiciones de trabajo del convenio de Gipuzkoa. «El contratista, igualmente, deberá justificar, después de haber solicitado a las empresas subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas apliquen ese convenio y todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral». Deberán garantizar la calidad en el empleo y deberá permitir el acceso a las obras de los representantes sindicales para llevar a cabo labores de comprobación del cumplimiento de los requerimientos.

En caso de que la empresa contratada incumpla esas condiciones, podrá ser sancionada. Igor San José aseguró a este diario que el acuerdo alcanzado entre la Diputación de Gipuzkoa y ELA para exigir el cumplimiento del convenio en las obras de licitación pública «es un paso de gigante, dado que llevamos años denunciando irregularidades en las obras del tren de alta velocidad (TAV), no solo por la explotación de la mano de obra y jornadas laborales abusivas, sino por la falta de prevención de riesgos laborales».

«Si hay voluntad, se puede»

El representante sindical de ELA recordó que «si existe voluntad política, como ha sido el caso, podemos avanzar para garantizar las condiciones del convenio de la Construcción para blindar en los pliegos de condiciones elementos esenciales de los convenios, que muchas empresas constructoras que no son de Gipuzkoa incumplían». Por último, ELA valora positivamente este paso y anuncia próximos encuentros con otras administraciones.