La reforma o, mejor, la contrarreforma que ayer presentó el ministro español de Educación, José Ignacio Wert, merece muchos calificativos: centralista, neofranquista, elitista, segregadora... Pero demuestra a las claras cuáles son las intenciones del PP: aprovechar las «oportunidades» de la crisis para actuar con rapidez, implementar un programa de reconquista y restitución que sea irreversible e imponer un tratamiento de choque que genere un estado de conmoción y parálisis social, creyendo así que la ciudadanía tiende a aceptar estas medidas como mal necesario para evitar mayores desastres. En el caso de la contrarreforma educativa aprobada por el Consejo de Ministros, las primeras reacciones dejaron en evidencia el trauma que ha generado en la comunidad educativa, en los sectores comprometidos con una educación pública y en las naciones en las que pretende imponerse mediante la política del rodillo.

Con el pretexto de parar la «fábrica de independentistas», vuelve el intento de proporcionar conocimientos uniformes, aquella unidad de territorio, lengua y religión, de destino en lo universal, que impulsaba la Formación del Espíritu Nacional en tiempos de Franco. Pensamiento único, aprendiendo prietas las filas y subvencionando, incluso, aquella infame segregación de los chicos a un lado y las chicas al otro. Vuelve la educación como carrera constante de obstáculos y superación de pruebas y reválidas al final de cada etapa. La educación pública se regirá por técnicas de empresa privada en la gestión y organización de los centros, con mentalidad de negocio, convertida en subsidiaria de la privada concertada, fundamentalmente católica. «Volver a lo básico» en las materias, seleccionar y clasificar desde una edad más temprana a los alumnos desde «itinerarios y destinaciones» prefijados.

Todo ello exige a la comunidad educativa, al conjunto de la sociedad, plantarse, aunar fuerzas y compartir iniciativas contra esta política neofranquista. Por el futuro de nuestros hijos e hijas y por el futuro colectivo del país.