El Consejo Constitucional francés ha dictaminado que las corridas de toros son conformes a la Constitución. La demanda de abolición entró en la arena del alto tribunal de la mano del Comité Radicalement Anticorrida (CRAC), que justificó su iniciativa en un artículo del Código Penal que establece que «cometer actos de crueldad contra los animales está castigado». Pero para el Constitucional cabe la excepción a la regla en nombre de la «tradición local ininterrumpida», y protege así, explícitamente, esta práctica. La medida no es ajena a nuestro país, donde la capital labortana, Baiona, tiene una de las plazas taurinas más fuertes. Llama la atención, por otra parte, que un Estado tan jacobino, tan esmerado en guardar las esencias de la uniformidad, dé por buena la excepción con los toros en nombre de la «diversidad cultural» que luego niega a los pueblos y a las lenguas a los que ni siquiera reconoce un estatus oficial.

Se ha perdido una batalla legal, pero no la lucha. Llegará el día en que nuestros hijos e hijas se sentirán consternados al comprobar que sus ancestros fueron capaces de divertirse con el martirio de seres vivos, conscientes y sensibles, que nada les habían hecho. Tiempo al tiempo.