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El rescate recortarŠ las jubilaciones y las prestaciones por desempleo

Con el fin de dar cumplimiento a las condiciones impuestas por Bruselas y aligerar la «gran losa» que suponen las jubilaciones anticipadas y parciales, el Gobierno español pretende endurecer el acceso a las mismas. Para ello atrasará la edad de acceso al retiro anticipado, y el parcial podría desaparecer. Dicho cambio, unido a las dudas sobre la revalorización de las pensiones conforme al IPC y el recorte en las prestaciones por desempleo, dibuja un panorama negro en materia social.

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Iraia OIARZABAL |

Los pensionistas y los parados son los que, a todas luces, más caro van a pagar las consecuencias de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, elaborados con el fin de responder a las condiciones impuestas por Bruselas a cambio del rescate. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social pretende introducir una serie de cambios en las modalidades de jubilación anticipada y parcial, para cumplir una resolución de la UE orientada a que la edad efectiva de jubilación se acerque a la legal.

Los cambios contemplan endurecer las condiciones para acceder a la jubilación anticipada y en el caso de la parcial, podría incluso desaparecer. Y es que según el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, el actual modelo supone una «gran losa» para el sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Así las cosas, en los próximos días o semanas el Ministerio presentará en el Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados un informe con sus propuestas que, en el caso del retiro anticipado -que actualmente cuenta con más de 100.000 beneficiarios-, plantea retrasar la edad de acceso, que ya fue elevada en la última reforma de los 61 a los 63 años, cuando la jubilación sea voluntaria. Si la causa no es imputable al trabajador, como por ejemplo en los casos de despido, se mantiene la edad en 61.

Cabe destacar que para poder retrasar la edad de acceso a los 64 o 65 años, tendría que adelantarse también el calendario progresivo de implantación del retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Por el momento, dicha medida está prevista para 2027.

El Ejecutivo insiste en negar que estos cambios supongan un «endurecimiento» de las condiciones, sino que se trataría de una «reestructuración». «De lo que se trata -afirma- es de generar una cultura de continuidad en la actividad y de desincentivar el abandono prematuro del mercado de trabajo».

¿Qué pasará con las pensiones?

Otras de las cuestiones que pende de un hilo tras las aprobación de las cuentas del Estado es la revalorización de las pensiones conforme al IPC de noviembre, una medida obligada por ley. Las afirmaciones de Burgos al respecto hacen acrecentar la incertidumbre, ya que por una lado aseguró que el Ejecutivo «cumplirá la ley» mientras que por otro precisó que debido al fuerte alza de la inflación, cuando se conozca el IPC de noviembre «se evaluará su impacto y se establecerán los mecanismos para que el sistema lo pueda asumir».

Si la inflación se mantuviera por encima del 3%, el coste de revalorizar las pensiones superaría los 4.000 millones. Además, dicha decisión implicaría más ajustes, cuestión que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, descartó en la presentación de las cuentas. Otra opción es la de consentir que el déficit suba dos décimas en 2012 y 2013. Una opción poco probable vista la insistencia del Gobierno con el cumplimiento del déficit.

Por otro lado, los desempleados también se verán apretados en el cobro de las prestaciones debido al recorte del 6,3% en esta partida. La secretaria de Estado de Empelo, Engracia Hidalgo, consideró «prioritario atajar el déficit público», justificando así diferentes medidas de «ahorro» que «racionalicen» las prestaciones por desempleo. Una de las medidas previstas consiste en rebajar la prestación a partir del séptimo mes para «incentivar» la búsqueda de trabajo.

Hidalgo insistió en que a pesar del descenso en la partida dirigida a las prestaciones por desempleo, estas están aseguradas, porque existe la posibilidad de ampliar el crédito, algo probable visto el continuo repunte del desempleo. El abanico de ajustes es amplio, aunque a las puertas de un rescate habrá que esperar para conocer el desenlace definitivo.

Surgen dudas sobre la cobertura de los ERE temporales

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, denunció tras la aprobación de los Presupuestos Generales que el Gobierno se ha «cargado» el mecanismo que permitía que un trabajador afectado por un ERE temporal o de suspensión pudiera recuperar la prestación por desempleo consumida hasta un tope de 180 días.

Actualmente, la legislación establece que en un ERE temporal las horas que se dejan de trabajar se compensan con el cobro de la prestación por desempleo, mientras que en el de suspensión, el tiempo durante el que no se acude a trabajar se percibe la prestación por paro. Una vez que se acaba este tipo de expediente, el trabajador vuelve a su puesto de trabajo y en el caso de que la empresa presente otro ERE extintivo se recuperan hasta 180 días de la cobertura consumida.

Ante la acusación de Méndez, fuentes del Ministerio de Empleo matizaron que las personas que durante 2012 y 2013 sean despedidas tras haber estado incluidas en un ERE no dejarán de recuperar la prestación por desempleo consumida, ya que este mecanismo no ha sido derogado del proyecto de presupuestos generales de 2013, aunque no será prorrogado en 2014. Así, la reposición de la prestación consumida se limita a las suspensiones o reducciones de jornada comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 y cuando el despido posterior se haya producido entre el 12 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. Por tanto, según fuentes del Ministerio, los trabajadores en ERE que cumplan dicho requisito tendrán derecho a que se les reponga la prestación consumida.

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