Los pensionistas y los parados son los que, a todas luces, más caro van a pagar las consecuencias de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, elaborados con el fin de responder a las condiciones impuestas por Bruselas a cambio del rescate. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social pretende introducir una serie de cambios en las modalidades de jubilación anticipada y parcial, para cumplir una resolución de la UE orientada a que la edad efectiva de jubilación se acerque a la legal.

Los cambios contemplan endurecer las condiciones para acceder a la jubilación anticipada y en el caso de la parcial, podría incluso desaparecer. Y es que según el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, el actual modelo supone una «gran losa» para el sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Así las cosas, en los próximos días o semanas el Ministerio presentará en el Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados un informe con sus propuestas que, en el caso del retiro anticipado -que actualmente cuenta con más de 100.000 beneficiarios-, plantea retrasar la edad de acceso, que ya fue elevada en la última reforma de los 61 a los 63 años, cuando la jubilación sea voluntaria. Si la causa no es imputable al trabajador, como por ejemplo en los casos de despido, se mantiene la edad en 61.

Cabe destacar que para poder retrasar la edad de acceso a los 64 o 65 años, tendría que adelantarse también el calendario progresivo de implantación del retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Por el momento, dicha medida está prevista para 2027.

El Ejecutivo insiste en negar que estos cambios supongan un «endurecimiento» de las condiciones, sino que se trataría de una «reestructuración». «De lo que se trata -afirma- es de generar una cultura de continuidad en la actividad y de desincentivar el abandono prematuro del mercado de trabajo».

¿Qué pasará con las pensiones?

Otras de las cuestiones que pende de un hilo tras las aprobación de las cuentas del Estado es la revalorización de las pensiones conforme al IPC de noviembre, una medida obligada por ley. Las afirmaciones de Burgos al respecto hacen acrecentar la incertidumbre, ya que por una lado aseguró que el Ejecutivo «cumplirá la ley» mientras que por otro precisó que debido al fuerte alza de la inflación, cuando se conozca el IPC de noviembre «se evaluará su impacto y se establecerán los mecanismos para que el sistema lo pueda asumir».

Si la inflación se mantuviera por encima del 3%, el coste de revalorizar las pensiones superaría los 4.000 millones. Además, dicha decisión implicaría más ajustes, cuestión que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, descartó en la presentación de las cuentas. Otra opción es la de consentir que el déficit suba dos décimas en 2012 y 2013. Una opción poco probable vista la insistencia del Gobierno con el cumplimiento del déficit.

Por otro lado, los desempleados también se verán apretados en el cobro de las prestaciones debido al recorte del 6,3% en esta partida. La secretaria de Estado de Empelo, Engracia Hidalgo, consideró «prioritario atajar el déficit público», justificando así diferentes medidas de «ahorro» que «racionalicen» las prestaciones por desempleo. Una de las medidas previstas consiste en rebajar la prestación a partir del séptimo mes para «incentivar» la búsqueda de trabajo.

Hidalgo insistió en que a pesar del descenso en la partida dirigida a las prestaciones por desempleo, estas están aseguradas, porque existe la posibilidad de ampliar el crédito, algo probable visto el continuo repunte del desempleo. El abanico de ajustes es amplio, aunque a las puertas de un rescate habrá que esperar para conocer el desenlace definitivo.