La agencia de calificación Moody's dio ayer por descontado que el Gobierno de Mariano Rajoy pedirá un rescate y mantuvo por ello la calificación de la deuda soberana española (Baa3, aprobado bajo), aunque la puso en perspectiva negativa, a un paso del «bono basura».

Moody's explicó su decisión en que el riesgo de que la deuda española tenga problemas de acceso al mercado «se ha reducido» por la «disposición» del BCE a comprar bonos del Gobierno español para «contener su volatilidad», indicó en una nota.

La agencia de calificación «cree que España solicitará probablemente una línea de crédito preventiva» al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), lo que ayudará a que el BCE active su programa de compras en el mercado secundario.

Este anuncio provocó que la prima de riesgo bajase a 383 puntos básicos, nivel alcanzado a principios de abril.

Entretanto, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, seguía sin dar pistas sobre la petición del rescate y no se refirió a esta cuestión ni en el encuentro que mantuvo en privado con la canciller alemana, Angela Merkel, ni en el discurso que ofreció en el marco del Congreso que el Partido Popular Europeo de Bucarest. Se limitó a reclamar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Europeo de junio para avanzar en la integración europea y a subrayar que es momento de no dar «bandazos» porque cualquier «señal de debilidad» pone «peligrosamente en riesgo» la credibilidad y la estabilidad europea.

Rating de las comunidades

Por su parte, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) recortó ayer la calificación de siete comunidades autonómicas después de haber rebajado dos escalones la nota general española la semana pasada y haberla dejado al borde del «bono basura».

En lo que se refiere a Euskal Herria, S&P revisa a la baja los ratings de Nafarroa y la CAV, así como el de Bizkaia, de «A» a «BBB+», con perspectiva negativa a largo plazo. S&P afirma que esta calificación refleja su opinión de que «el deterioro de la calidad crediticia de España disminuye la probabilidad de que las regiones de régimen foral puedan beneficiarse del apoyo del Gobierno central».