La Comisión Europea, cuyo papel es cada vez mayor hasta el punto de que ahora ya tiene algo que decir sobre los presupuestos de los Estados miembros de la UE, decidió golpear duro y rápido mediante la eliminación de uno de sus miembros, sospechoso de tráfico influir, para evitar así el riesgo de dimisión colectiva.

El maltés John Dalli, responsable de Sanidad y Protección de los Consumidores, se vio obligado a dimitir el martes con «efecto inmediato», supuestamente por haber ocultado un intento de extorsión y corrupción, según explicó el miércoles el director general de la Oficina Europea de lucha contra el fraude, Giovani Kessler.

Particularmente vulnerable a los grupos de presión, el excomisario, al que corresponden asuntos tan sensibles como la legislación contra el tabaco, la cuestión de las autorizaciones de transgénicos, de los medicamentos o la seguridad alimentaria, niega los cargos. Desmiente haber renunciado por su propia voluntad y denuncia como «falsas» las acusaciones dirigidas a su eliminación.

Esta defensa ha puesto a la Comisión en un aprieto. «Dalli ha decidido renunciar», y esta renuncia se presentó «oralmente» el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, afirmó la portavoz del Ejecutivo de Bruselas Ahrenkilde Pia Hansen.

Voluntaria o no, la renuncia permite a Barroso eludir la amenaza de renuncia a la que se vio obligado el equipo dirigido por Jacques Santer el 15 de marzo 1999.

Una investigación llevada a cabo por la OLAF afirmaba que «Dalli estaba al corriente del hecho de que un industrial maltés pidió dinero a una empresa para utilizar su influencia sobre el comisario con el fin de intentar cambiar la legislación», afirmó Kessler. Señaló que las cantidades reclamadas a la tabaquera Swedish Match eran «sustanciales», sin dar más detalles y que no se desvinculó del caso ni informó del mismo.

Acusación poco clara

El informe sobre esta investigación, sin embargo, nunca se hizo público y Kessler se ha negado a identificar al industrial cercano al comisario implicado.

Pero la supuesta mala conducta reprochada a Dalli sigue siendo confusa, ya que «no hay evidencia ha permita concluir que Dalli fue el instigador o el cerebro de esta operación de petición de dinero», según el director de la OLAF, que reconoce que no se llegó a pagar nada y que el comisario no estuvo involucrado en la revisión de la legislación de control del tabaco.