En conjunto, los resultados del Consejo Europeo de los días 18 y 19 de octubre de 2012 deben valorarse positivamente. Las iniciativas destinadas a acelerar los plazos de la unión bancaria y a asegurar el rescate directo de la banca española, por ahora, han fracasado.

Más aún, la canciller Anjela Merkel expresamente aseguró que «no va a haber ninguna recapitalización directa retroactiva». Si este compromiso se cumple, significa que el Gobierno español deberá asumir por sí mismo las responsabilidades de los rescates bancarios comprometidos -estimados en 40.000 millones de euros- hasta el momento en que se haga efectiva la supervisión bancaria común.

Alguien podrá interpretar esta información como una mala noticia para España, pero esto es solo una interpretación cortoplacista. Es cierto que todo hace prever que esto supondrá un incremento sustancial del endeudamiento público español, pero esto debería haberse previsto antes de asumir determinados compromisos. El Ejecutivo español lleva durante todo este año haciendo promesas de rescate bancario contando con recursos europeos que no son suyos, sino del conjunto de ciudadanos de la Eurozona.

Si el Gobierno de Rajoy entiende que no debe comprometer sus recursos en el rescate bancario, la vía a seguir es -desde un punto de vista de lógica económica- muy clara: implicar en el rescate a los acreedores del mercado de capitales.

Si, en lugar de utilizar el camino lógico desde una perspectiva económica, adoptamos la decisión de que la banca debe ser salvada por quienes no tienen ninguna responsabilidad sobre su situación -nuestros ciudadanos y nuestras empresas- a nadie debería extrañarle que quienes sean injustamente reclamados para hacer frente a estos pagos se rebelen. En este caso, el rechazo ha provenido, lógicamente, de los países industriales avanzados, cuyas poblaciones están más que hartas de sacrificios sin sentido que tienen poco de solidarios con respecto a los ciudadanos de países en dificultades y mucho de injustos y absurdos trasvases de recursos desde la economía real a la economía financiera.

En este contexto, a pesar del frente liderado por Hollande -convertido en el líder de los intereses de la gran banca en Europa- los países industriales avanzados han ganado tiempo y, con ellos, todos los europeos.

Ganar tiempo significa retrasar al máximo esta continua sangría de ciudadanos, empresas y gobiernos hacia un sector financiero que nunca debería haberse rescatado y sí, al contrario, reconvertido a través de concursos y, en su caso, imputación de pérdidas a los acreedores del mercado de capitales. Tras cinco años en los que las políticas bancarias de nuestros Estados se han limitado a operaciones masivas de rescate, los niveles de endeudamiento y de riesgo global en los países occidentales continúan en niveles similares a los del 2007.

Ganar tiempo es importante porque, dada la falta de autonomía de nuestros responsables políticos frente al sector financiero, la solución de este problema no va a provenir ni del Gobierno USA ni de la Unión Europea ni de los gobiernos de los grandes estados europeos, que se han mostrado, una y otra vez, incapaces de los más tibios movimientos regulatorios frente al sector financiero y que lo más que pueden conseguir es, precisamente, tiempo.

Ganar tiempo es importante porque solo un estallido de la gran banca de inversión occidental puede provocar un rápido reposicionamiento de las políticas anticrisis basado precisamente en trasladar las cargas derivadas de la implosión financiera desde la sociedad, las empresas y los gobiernos hacia la gran banca de inversión.

Este estallido no solo es posible sino un riesgo a corto y medio plazo evidente. Ya hemos aludido a las repercusiones del escándalo Libor, a los expedientes administrativos y judiciales emprendidos contra los líderes de los grandes bancos internacionales (Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley, CitiGroup) que están generando una cadena de dimisiones de los primeros ejecutivos. También hemos aludido a los sorprendentes reposicionamientos conceptuales de una parte sustancial del aparato mediático e ideológico de la City londinense, de pronto favorable a la reestructuración de la gran banca, incluyendo la separación de banca comercial y banca de inversión a través del mecanismo de la Ley Glass-Steagall.

Nadie puede saber con seguridad si este estallido realmente sucederá o cuando lo hará. Por amplia y peligrosa que sea la burbuja financiera existente en la banca de inversión occidental, las burbujas financieras pueden prolongarse en el tiempo retrasando durante muchos años su estallido aunque, evidentemente, continúen lastrando la economía real. Factores psicológicos, sociológicos, políticos -y geopolíticos- de muy diverso signo pueden incidir en que el estallido se produzca o bien se continúen adoptando las medidas de detracción de recursos de la economía real que permitan seguir alimentando esta burbuja; y que nuestros ciudadanos, empresas y gobiernos lo continúen tolerando.

En este marco, el criterio parece claro: debemos poner todos nuestros esfuerzos en retrasar al máximo cualquier nuevo movimiento de trasvase de recursos hacia el sector financiero. En este sentido, lo sucedido en este Consejo Europeo es una buena noticia.

Por todo ello, deberíamos solicitar al Gobierno español una anulación de sus compromisos de rescate con la banca y la puesta en marcha con carácter inmediato de un plan de reestructuración que conlleve la imputación de pérdidas de las entidades financieras en crisis a los acreedores del mercado de capitales, en la cuantía necesaria para restablecer el equilibrio del sistema financiero español por la vía más justa y económicamente lógica, siguiendo -con las debidas adaptaciones- los procedimientos básicos habituales de los concursos de acreedores.